Sevilla (EFE).- FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Ticketmaster ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por obligar a realizar donaciones a la Fundación Real Madrid y a la Fundación Maestro Cares si se quieren adquirir entradas para los conciertos que celebrará Luis Miguel en julio de 2024 en el estadio Santiago Bernabéu.
Primera denuncia de FACUA ante el ministerio de Bustinduy
Se trata de la primera denuncia que FACUA presenta ante el nuevo Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que dirige Pablo Bustinduy, ha informado en un comunicado.
La asociación dice que ha podido comprobar que al hacer la compra de entradas mediante Ticketmaster, durante el proceso se añaden dos artículos: un donativo de 2,20 euros para la Fundación Real Madrid y otro de 1,10 euros para la Fundación Maestro Cares.
Estas dos cantidades son por entrada y no pueden eliminarse en ningún momento del proceso de compra.
“Este artículo se ha añadido a tu pedido. Para poder comprar las entradas seleccionadas, es necesario comprar este artículo”, señala la web durante el proceso.
Una práctica abusiva
FACUA señala que esta práctica llevada a cabo por Ticketmaster resulta abusiva, “toda vez que impone al consumidor el pago de cantidades adicionales para poder adquirir su entrada”.
“Unos importes obligatorios, además, que contradicen completamente el propio sentido de una donación, que es un pago que se hace de forma voluntaria y desinteresada para apoyar una causa”, añade.
También subraya que resulta curioso que una de las dos fundaciones a las que se destinan estos “donativos” obligatorios es la perteneciente al Real Madrid, teniendo en cuenta “que los conciertos se celebrarán en el estadio Santiago Bernabéu, propiedad del club de fútbol”.
Así, FACUA señala que el artículo 89 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, señala como cláusulas abusivas “la imposición al consumidor y usuario de bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados” y “los incrementos de precio por servicios accesorios, financiación, aplazamientos, recargos, indemnización o penalizaciones que no correspondan a prestaciones adicionales susceptibles de ser aceptados o rechazados en cada caso expresados con la debida claridad o separación”.
