València, 11 sep (EFE).- El secretario general de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCCV), Vicente Inglada, ha reclamado que las administraciones incrementen los controles de los festivales de música, para evitar que se repitan nuevos casos de “malas praxis”, tras lo ocurrido este verano con el ‘Diversity’ y en 2016 con el ‘Marenostrum’.
En declaraciones a EFE, Inglada ha defendido la necesidad de poner “más impedimentos legales” para dar más seguridad a quien compra entradas para estos eventos y evitar que algunos promotores “se aprovechen”, como que la Administración les pida seguros de responsabilidad en caso de cancelación y que garanticen la solvencia de las empresas.
La UCCV ha llevado a la Fiscalía provincial de Valencia el caso del ‘Diversity Valencia Festival’, que se iba a celebrar en julio pero se canceló y la empresa no ha devuelto las entradas y se ha disuelto, y en 2016 demandó a la organizadora de ‘Marenostrum’, un festival que se canceló un día antes de celebrarse en Alboraia (Valencia) y en el que la empresa se negó a devolver las entradas.
“Es muy difícil a día de hoy, con la legislación que tenemos, que el usuario pueda recuperar el dinero” de festivales que finalmente no se celebran, señala Inglada, quien exige que “no sea tan sencillo como enviar un comunicado diciendo que queda anulado” el festival y ya está.
Además, pide que administraciones como la Generalitat no presten “tan fácilmente” su apoyo por la repercusión turística a festivales cuyo incumplimiento final acaba perjudicando a la propia imagen de la Comunitat Valenciana, y a la que incluso los perjudicados piden responsabilidad civil subsidiaria.
DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA
La UCCV ha enviado un escrito a la Fiscalía provincial de Valencia, que ha sido tramitado, en el que pide una investigación tanto civil como penal para intentar que se devuelva el dinero a los afectados y que se valore si ha habido una estafa o un enriquecimiento ilícito del administrador de la empresa organizadora del ‘Diversity’.
Este festival se anunciaba del 21 al 23 de julio en la Ciudad de las Artes, con figuras como Iggy Pop, Karol G, Maneskin o Christina Aguilera, pero el 11 de julio la organizadora -Merci Entertaiment España- anunció su cancelación; el 22 de julio se publicó la liquidación de la empresa en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y poco después se comunicó el concurso de acreedores.
“Hay usuarios que pagaron 200, 500 o más euros, y tienen muy difícil recuperar el dinero porque hay una liquidación de la empresa”, indica Inglada, quien considera que en este caso ha habido “o una mala praxis, o un enriquecimiento ilícito de alguien que quería coger el dinero y desaparecer”.
Explica que actualmente se está devolviendo el dinero a quienes compraron las entradas en El Corte Inglés y a quienes pagaron con Paypal y con tarjetas de crédito y han justificado que no han recibido el servicio, pero el problema es que la mayoría lo hicieron por See Tickets, empresa que afirma que la promotora no le ha devuelto todo el dinero y no tiene fondos para abonarlas.
A través de la UCCV ya se han gestionado en torno a medio millar de quejas, que la entidad ha enviado a la Fiscalía, aunque a pesar de ser miles los afectados hay quienes luego no inician el procedimiento administrativo, por lo que insiste en que “hay que reclamar”, para que si no se puede recuperar el dinero al menos se penalice o sancione a los responsables.
Indica que a diario reciben en esta organización de consumidores correos de ciudadanos -muchos de ellos extranjeros, como portugueses, polacos o ingleses- que se han visto afectados, no solo por la pérdida del importe de la entrada, sino por gastos como el desplazamiento o el alojamiento.
EL PRECEDENTE DE MARENOSTRUM
Inglada lamenta que “no es la primera vez” que pasa algo así en la Comunitat Valenciana: en julio de 2016 se canceló un día antes el festival Marenostrum de Alboraia y la UCCV presentó una demanda civil colectiva para defender a los afectados del evento, que finalmente se celebró en otras fechas y con otro cartel.
La organizadora fue condenada, pero se declaró insolvente y “nadie ha cobrado ni un euro”, recuerda el secretario general de la UCCV, quien lamenta que “es muy fácil coger el dinero de la gente y luego declararse insolvente o desaparecer”.
Señala que con el caso del Diversity no quieren dar “falsas esperanzas” de iniciar un nuevo procedimiento que podría acabar de la misma forma; alerta de las plataformas de afectados que ofrecen recuperar el dinero pagando un servicio jurídico, y considera que lo más fácil sería que la Fiscalía actuara de oficio. EFE
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