Madrid, 21 sep (EFE).- La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado la regularización de más de 10.600 trabajadores de la empresa de reparto Glovo, y ha explicado que la Inspección de Trabajo ha actuado contra esta compañía con una multa millonaria de casi 79 millones de euros por vulnerar los derechos laborales de sus empleados.
“Estamos ante unos falsos autónomos y el peso de la ley va a caer sobre esta empresa como ha caído con la Inspección de Trabajo”, ha dicho en los pasillos del Congreso tras confirmar que Glovo ha sido multada con casi 79 millones de euros.
Díaz califica de “gravísima” la actuación de Glovo
Díaz ha explicado que Glovo ha actuado de manera “gravísima” en dos aspectos, vulnerando los derechos laborales y obstruyendo también la labor de la inspección de trabajo: “Y esto es gravísimo en un Estado social, democrático y de derecho, donde las empresas tiene que cumplir la ley”.
“Y por esta razón se ha actuado contra esta empresa regularizando a más de 10.600 trabajadores y con un importe de una multa muy elevado, llegando casi a los 79 millones de euros”, ha recalcado.
Díaz ha sido tajante al añadir que la “ley se aplica a todo el mundo y desde el Ministerio de Trabajo no vamos a parar y vamos a cumplir la ley”.
Glovo recurrirá la multa impuesta por Trabajo
La empresa de recogida y envío de pedidos Glovo “va a recurrir” contra la multa de 79 millones impuesta por la Inspección de Trabajo por considerar que emplea a 10.600 de sus repartidores como falsos autónomos, según han confirmado este miércoles a Efe fuentes de la firma.
Según Glovo, se trata de una resolución de Trabajo contra la que la empresa tiene que presentar alegaciones y, en ese sentido, la compañía tiene previsto recurrirla.
Las mismas fuentes han afirmado que la sanción no está relacionada con la Ley Rider, porque el período inspeccionado comprende desde 2018 hasta el 11 de agosto de 2021, fecha de entrada en vigor de la normativa.
La llamada Ley Rider fue aprobada con el objetivo de acabar con el uso de “falsos autónomos” como repartidores obligando a contratarlos como asalariados.
En cuanto al importe de la multa, las fuentes de Glovo han declarado que incluye “no solo las propuestas de cuotas a la Seguridad Social sino también una propuesta de sanción por cada repartidor”.
Asimismo, Glovo ha asegurado que durante el período de inspección “pidió ampliar y aportar sus pruebas, reflexiones y valoraciones así como distinta documentación, algo que fue rechazado por la Inspección de Trabajo y pospuesto al momento en el que el acta ha sido presentada”.
“Se trata de una resolución unilateral que implica una propuesta de la inspección, frente a la que la empresa tiene que presentar sus alegaciones y después de la tramitación de un procedimiento de oficio en el ámbito de la Justicia se analizarán las mismas para en su caso proponer un acta de liquidación y o de infracción”, han añadido.
Edición Web: Rosa Corona
