Madrid (EFE).- El Congreso de los Diputados debate esta semana las enmiendas presentadas al paquete fiscal del Gobierno, un proceso que llega rodeado de polémica tanto por lo ajustado de los plazos como por la inclusión por esta vía del nuevo impuesto a las grandes fortunas.
El proyecto de ley de creación de gravámenes temporales y extraordinarios para grandes empresas energéticas y entidades bancarias, registrado por PSOE y Unidas Podemos, llega esta semana a la Comisión de Asuntos Económicos, donde este martes se debatirán en ponencia las 135 enmiendas registradas.
Precisamente estos cortos plazos de debate han sido objeto de críticas por parte de PP y Ciudadanos, que creen que de esta manera se restan competencias al Parlamento, al tiempo que afean que crear estos impuestos vía proposición de ley impide que vayan acompañados del necesario informe del Consejo de Estado, como ocurriría si fuera iniciativa del Gobierno.
Estas dos formaciones califican, además, de “atropello” la decisión del Gobierno de incorporar como enmienda -presentada por PSOE y Unidas Podemos- el nuevo impuesto a las grandes fortunas, ya que de esta manera se impide a los partidos enmendar el tributo.
La ley recogerá todo el paquete fiscal del Gobierno
La proposición de ley incluirá todo el paquete fiscal presentado por el Gobierno antes de la aprobación del Presupuesto: los gravámenes para banca y energéticas, que ya figuraban desde el inicio, junto al impuesto a las grandes fortunas y la limitación a la compensación de pérdidas de las filiales, incorporados vía enmienda.
Tal y como estaba previsto, la enmienda que regula el nuevo impuesto a las grandes fortunas establece un tributo temporal, durante dos años, para los contribuyentes con patrimonios superiores a tres millones de euros y con tres tramos: 1,7 % para patrimonios de entre 3 y 5,3 millones; 5,1 % para entre 5,3 y 10,6 millones y 3,5 % a partir de los 10,6 millones.
El impuesto será análogo al impuesto de patrimonio autonómico -con los mismos mínimos exentos y deducciones- y deducible en este -lo que a juicio del Gobierno evita la doble imposición-, por lo que afectará principalmente a los contribuyentes residentes en las regiones que lo tienen bonificado. Se prevé su negociación para adaptarlo a los conciertos económicos de País Vasco y Navarra.
Las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos también recogen algunas modificaciones de los gravámenes a banca y energéticas, entre ellas la que plantea que se negociará la participación de País Vasco y Navarra en estos impuestos.
Asimismo, se extiende el tributo bancario a las sucursales españolas de entidades extranjeras y el energético, a empresas que produzcan petróleo, gas natural, carbón o refino de petróleo en España.
Y más allá de estos impuestos, se prevé gravar con el impuesto de patrimonio a los residentes extranjeros que sean propietarios de viviendas en España a través de sociedad interpuestas.
PP y Ciudadanos piden adaptar el impuesto energético al europeo
Por lo que respecta al resto de grupos, PP y Ciudadanos han reclamado modificar el impuesto energético para asimilarlo al europeo, lo que pasa por restringirlo a empresas de combustibles fósiles y gravar los beneficios extraordinarios en lugar de los ingresos, como hace el del Gobierno (con un tipo del 1,2 %).
Ciudadanos plantea además, en caso de que no se adopte esta opción, que las inversiones en renovables o eficiencia energética puedan ser deducibles en el impuesto. Por su parte, PP pide suprimir el gravamen de la banca -un 4,8 % del margen bancario-.
Varias formaciones, entre ellas ERC, Más País y Compromís, piden ceder la mitad de la recaudación de estos impuestos a las comunidades autónomas, una de las principales reclamaciones junto con la propuesta de que tengan carácter permanente, que suscriben ERC y Bildu.
Por su parte, PNV propone excluir del impuesto energético a las empresas de actividades reguladas y adecuar los nuevos gravámenes a los regímenes fiscales vasco y navarro, algo que también pide Bildu, que además plantea elevar los tipos.
