Madrid, (EFE).- El Gobierno ha pactado con CCOO y UGT subir un 8 % el salario mínimo interprofesional (SMI), hasta los 1.080 euros brutos en 14 pagas, tras más de un mes de negociación y sin el concurso de la patronal CEOE, que ha rehusado participar en la reunión de este martes convocada por el Ministerio de Trabajo.
La subida ha sido anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en el Senado, después de que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se haya reunido con los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Unai Sordo, para sellar el acuerdo.
En su intervención, Sánchez ha puesto el acento en la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido los salarios en España en la última década, que ha achacado a la falta de responsabilidad política y también del sector privado.
El presidente ha defendido las subidas del SMI aprobadas desde la llegada del Gobierno de coalición frente a la “oposición cerril de los neoliberales”.
La vicepresidenta Díaz, por su parte, ha asegurado estar “muy satisfecha” y “muy contenta” con la subida del salario mínimo no por el Gobierno, sino por los trabajadores, que son “quienes están sufriendo por la pérdida de poder adquisitivo”.
Se trata de un acuerdo “bipartito” que se ha alcanzado con los sindicatos “en el marco del diálogo social”, un acuerdo “importantísimo”, ha explicado Díaz.
Este martes, Trabajo había convocado a patronal y sindicatos a una reunión para cerrar la negociación, y, más allá de la ausencia de CEOE, los equipos técnicos del Ministerio y los sindicatos dieron por finalizado el encuentro sin un acuerdo, al que finalmente se llegó cuando la vicepresidenta Díaz se reunió con los líderes sindicales.
CCOO y UGT reclamaban una subida del 10 %, hasta 1.100 euros, mientras que Díaz ya había abogado por la banda alta del informe del comité de expertos, que planteó un alza para 2023 de entre el 4,6 % y el 8,2 %.
Por su parte, la CEOE optaba por un alza del 4 % supeditado a establecer un régimen de deducciones aplicables al sector agrario y a modificar la normativa de revisión de precios en los contratos con el sector público para poder repercutir el incremento del SMI en los contratos en ejecución.
Un acuerdo de “máxima importancia”
El Ministerio de Trabajo, a través de un comunicado, ha recordado que, en los último cinco años, el salario mínimo ha observado un alza del 47 %, o lo que es lo mismo, de 344 euros mensuales, y ha apuntado que esta nueva subida “permitirá paliar la pobreza salarial y reducir la brecha de género”.
Díaz ha destacado que el Gobierno cumple así con su compromiso de que el salario mínimo llegue al 60 % del salario medio, algo que “es útil para la ciudadanía de nuestro país”.
“Es un acuerdo de máxima importancia para el país”, ha incidido Sordo en declaraciones a los medios, que ha cifrado en 2,5 millones los trabajadores que se verán beneficiados de la subida, de los que el perfil más habitual es el de “una mujer, de entre 16 y 34 años, y con contrato temporal en el sector agrícola o en los servicios”.
En la misma línea, Álvarez ha valorado la subida del SMI, tras un “duro” proceso de negociación; y ha indicado que el alza permitirá que aquellos que cobran el salario mínimo puedan “mantener y mejorar” su poder adquisitivo.
Sin embargo, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ya antes del anuncio de la subida se había mostrado descontento con la posición del Gobierno, al que ha acusado de no querer tratar la situación del sector agrario ni la de los contratos públicos.
“Si no se va a hablar de eso, que nos digan (el Gobierno) la cifra y ya está”, ha espetado Garamendi ante los medios después de participar en una jornada organizada por la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje).
Tras el anuncio de Sánchez, fuentes de CEOE han recordado que ya hicieron una propuesta de subida que consideraban “adecuada” para compensar el impacto de la inflación sin generar efectos de segunda ronda” pero que, en última instancia, la decisión era del Gobierno.
La subida, que tendrá carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero, debe aprobarse en Consejo de Ministros.
