Santander (EFE).- La Policía Nacional ha detenido este miércoles a ocho personas en una operación conjunta con la Agencia de Administración Tributaria por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos en el servicio de mantenimiento de carreteras del Gobierno de Cantabria, según han informado a EFE fuentes de la investigación.
Además, dentro de esta operación de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), se han registrado cinco empresas, dos domicilios particulares y la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, de la que es alto funcionario el supuesto cabecilla de esta trama, según ha señalado RNE en Cantabria.
En rueda de prensa, el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, ha asegurado que desconoce “absolutamente” a qué se deben los registros que se han practicado en su departamento y ha dicho que no le consta “ninguna sospecha ni denuncia” en el servicio de mantenimiento de carreteras. También ha precisado que en la Consejería no ha habido detenciones.
“No tenemos absolutamente ni idea”, ha afirmado Gochicoa sobre ese registro que, desde las 7.30 horas, llevan a cabo agentes de la UDEF y de la Agencia Tributaria por orden del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, que ha decretado el secreto de sumario.
Gochicoa ha explicado que el servicio de mantenimiento de carreteras tiene un centenar de trabajadores y 16 millones de euros de presupuesto anuales, que ha habido registros en “dos o tres despachos” de ese departamento y que hoy no ha acudido un funcionario, que ha alegado “motivos personales”.
El consejero no ha precisado, a preguntas de los periodistas, quién es ese funcionario, aunque ha considerado que tendrá “un motivo relevante” para no acudir a su puesto de trabajo.
Sí ha puntualizado que ese funcionario tiene “una dilatada experiencia” en el servicio de carreteras, en el que “lleva muchos años”.
Las ocho detenciones que se han llevado a cabo este miércoles responden, según ha informado RNE en Cantabria, a una investigación iniciada hace más de un año por la Agencia de Administración Tributaria, que detectó un enriquecimiento del presunto cabecilla que no era acorde a su nivel económico y que supuestamente podría haber estado durante más de diez años adjudicando contratos de forma irregular gracias al cargo que ocupaba y a su conocimiento de la administración.
El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander tomará declaración a los detenidos este viernes por su supuesta implicación en delitos de fraude fiscal, blanqueamiento de capitales o cohecho.
Gochicoa ha avanzado que “si hubiera irregularidades” en contratos dependientes de la Consejería o en algún funcionario, propondría que su departamento se personase como perjudicado en un hipotético proceso judicial.
“Si hay aprovechamiento, todo el peso de la ley tiene que caer sobre esa persona”, ha aseverado Gochicoa, quien ha admitido que ha sido “un día de disgusto” y ha añadido que ese servicio que está siendo registrado “ha trabajado siempre bien”, “es eficaz” y funcionaba “de manera correcta”.
También ha valorado que sería una “irresponsabilidad” dimitir en estos momentos, porque primero hay que “saber qué ha pasado”. “Lo que tengo que hacer trabajar en ayudar a que se esclarezcan los hechos”, ha añadido.
