Huelva/Almería (EFE).- La realidad de los asentamientos de migrantes temporeros en provincias como Huelva y Almería viene siendo denunciada desde hace décadas y es objeto de búsqueda de soluciones que no terminan de llegar postergando en el tiempo una situación de “infraviviendas” ante la que Europa está vigilante.
Esta semana, la comisión de Peticiones de la Eurocámara decidía mantener abierta la petición para investigar las denuncias de vulneración de derechos fundamentales en estos poblados y compartir el expediente con la comisión de Empleo; además llamaba a la Comisión Europea a mantener informado al Parlamento Europeo de su evolución.
Viven sin las mínimas condiciones de habitabilidad
La petición, trasladada a la Eurocámara por IU y las ONG Almería Acoge y Asociación Multicultural Mazagón, busca mejorar las condiciones de casi 10.000 inmigrantes que trabajan en la agricultura en estas dos provincias viviendo sin luz ni agua potable, sin las más mínimas condiciones de habitabilidad y bajo techos de plástico, madera y cartón que, en ocasiones, han sido pasto de las llamas con damnificados que lo han perdido todo, algunas veces, incluso la vida.
La coordinadora de IU en Almería, María Jesús Amate, afirma a EFE en el poblado chabolista de Atochares, en Níjar, que esperan que Europa “presione” al Gobierno y a los ayuntamientos para que empadronen a estos inmigrantes que “trabajan y viven en el territorio español en situación de semiesclavitud”.
“Nadie quiere vivir en un asentamiento, todo el mundo quiere una vivienda digna. No hay viviendas sociales ni adecuadas; pedimos que se construyan, ya que vienen muchas ayudas desde Europa, pero que sean soluciones a largo plazo, no como las que se tomaron hace unos meses en Níjar con el poblado de ‘El Walili’”, añade.
Según el último informe de Andalucía Acoge en el marco del proyecto ‘Germinal’, en Huelva y en la comarca de Níjar (Almería) una media de 75 % de los residentes en asentamientos son hombres de unos 32 años fundamentalmente subsaharianos y marroquíes, con más de tres años de residencia en España y, más de la mitad, en situación irregular.
Eva Villanueva, candidata de Unidas Podemos a la Alcaldía de Níjar, afirma por su parte que apenas quedan 15 personas en el refugio temporal de Los Grillos, ya que “muchos se fueron a otros asentamientos”.
Desde la provincia de Huelva, Pepa Suárez, portavoz de la Asociación Multicultural Mazagón, ha dicho a EFE que “no se puede consentir” que después de 25 años estos asentamientos continúen, lo que demuestra la poca voluntad de las administraciones públicas y del sector empresarial, y espera que el traslado de la petición a la Comisión de Empleo sirva para que “haya una visita de europarlamentarios que conozcan in situ cuál es la situación real de las personas migrantes”.
Personas, apunta, a las que las administraciones locales “se niegan sistemáticamente a empadronar en contra de la Ley, vetándole con ello, los derechos ciudadanos” y de cuya vulnerabilidad “parte del sector empresarial de los frutos rojos se aprovecha para violar ciertos derechos laborales”.
Las administraciones defienden su interés por erradicar el problema
Las administraciones por su parte defienden su interés por erradicar el problema. Por ejemplo, el pasado julio se firmó un protocolo general de actuación entre la secretaría de Estado para la Agenda 2030 y la Junta que fijaba en dos años la erradicación de estos asentamientos, con 5 millones de euros de inversión en proyectos para dar una solución habitacional.
Proyectos que, inicialmente, pasan por construir dos residencias en los municipios de Moguer y Lepe (Huelva) a los que se ha concedido una subvención de 2,6 millones de euros por acuerdo del Consejo de Ministros que ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo por el Ayuntamiento de Lucena del Puerto (Huelva) por dejar fuera a este municipio que, actualmente, es el que alberga a un mayor número de personas en asentamientos.
Además, según han informado a EFE desde la Consejería de Inclusión Social, en paralelo a este protocolo que confían que sirva de referencia de trabajo para las administraciones, y tras invertir en los últimos años 4,5 millones en la atención a estas personas, se trabaja un plan estratégico que pivota sobre los ayuntamientos.
El plan prevé una línea de ayudas de 5 millones para 2023, procedentes de los Next Generation, que se lanzará próximamente, destinada a los ayuntamientos para que construyan, adquieran o rehabiliten edificios para alojamientos.
No es la única Consejería implicada. Níjar recibió en 2022 un total de 1.547.351 euros del Programa de Fomento del Alquiler para construir 62 viviendas en alquiler a precio asequible que se usarán como alojamientos transitorios para temporeros. Las mismas en las que se pretende cobijar a los vecinos de ‘El Walili’, el poblado desalojado a finales de enero.
El director general de Andalucía Acoge, José Miguel Morales, señala que hasta la fecha se ha visto “muy poca voluntad política de encontrar soluciones” a una situación que afecta a trabajadores agrícolas de origen africano afectados por un “modelo productivo agrícola que se basa en la precariedad laboral y en condiciones laborales muy injustas”.
Subraya que además los asentamientos agrícolas se encuentran muchas veces en zonas turísticas en los que la vivienda en alquiler se reserva para esos fines, con unos precios “inasumibles” de forma general, a lo que se une “el racismo, que incrementa e intensifica el efecto” de las causas anteriores.
Pide que cualquier solución como la de Níjar parta de reconocer como vecinos a estas personas; que las medidas no estén pensadas como desalojos, sino como realojos; y que sean “para todo el que viva en un asentamiento, no se puede hablar, y esto se ha negociado con Níjar, que sean sólo para personas con papeles”.
