Madrid (EFE).- El Gobierno ha llegado a un acuerdo con Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para introducir en la Ley de Vivienda un tope del 3 % en las renovaciones anuales de los contratos de alquiler en 2024, mientras que en 2025 se creará un nuevo índice “más estable e inferior a la evolución del IPC”.
En rueda de prensa, el diputado de EH Bildu Oskar Matute ha celebrado este viernes un acuerdo “importante, de enorme trascendencia en lo social y político”, que además de eliminar el IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta de los contratos, incorpora nuevas medidas de protección frente a desahucios.
Para ERC y EH Bildu, el IPC “ha demostrado ser un índice que puede generar en pocos meses fluctuaciones enormes con aumentos disparatados que encarecen sin límite las rentas de alquiler al estar la renovación de los contratos indexados al mismo”.
Evitar “aumentos descontrolados” en el alquiler
Para evitar “estos aumentos descontrolados”, durante 2023 se aplicará el límite del 2 % en vigor, mientras que en 2024 será del 3 % y en adelante se creará un nuevo índice en estos términos, “más estable e inferior a la evolución del IPC, que tope los aumentos de la renta por la renovación anual”.
Este índice será elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y estará listo para el 1 de enero de 2025.
Respecto a su composición, “está todo por definir”, ha dicho Matute, que ha destacado que en las reuniones mantenidas hasta la fecha existe la “voluntad” y la “determinación” entre las partes de que el nuevo índice “no arroje un resultado superior al IPC” a fin de “contener la subida continua de los alquileres”.
En esta línea, tanto EH Bildu como ERC se han comprometido a mantener una postura “constructiva y colaborativa para frenar la escalada de precios”.
Rehabilitación de una vivienda
El texto también se detiene en el efecto que la rehabilitación de una vivienda puede tener sobre el precio del alquiler de ésta. “Planteamos intentar evitar una vía de picaresca o fraude que se estaba dando en otras zonas europeas a través de pequeñísimas reformas con las que se justificaba un aumento del alquiler”, ha señalado el diputado de EH Bildu.
Por otro lado, el acuerdo incorpora cambios en la definición de “gran tenedor”, de modo que las comunidades autónomas podrán, en función de sus competencias y atendiendo a sus realidades, rebajar esta condición de los diez inmuebles establecidos por el proyecto del Gobierno a los cinco que finalmente se incluirán en la Ley.
Así, los propietarios que posean cinco o más inmuebles en un área tensionada, se considerarán grandes tenedores y se aplicarán las medidas y especificidades concretas para este tipo de propietario, con lo que se pretende evitar la especulación y el acaparamiento de inmuebles de los “fondos buitre” y demás fondos de inversión.
Desahucios
En materia de desahucios, se prohibirán aquellos sin fecha y hora predeterminada, una “demanda histórica de los movimientos por la vivienda para acabar con la incertidumbre e indefensión de los inquilinos”, según ERC y EH Bildu.
También se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que aplazarán los procesos más de dos años, y se estipula el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudicial para las personas vulnerables.
Además, las comunidades autónomas podrán articular mecanismos propios de mediación y alternativa habitacional que consideren oportunos, forzando a los grandes tenedores que realicen desahucios a someterse a los mismos.
Por primera vez se reconocerá la capacidad de poder utilizar los fondos de los planes estatales de vivienda a ofrecer alternativas habitacionales para personas en riesgo de desahucio mediante alquileres sociales bonificados, realojamientos de personas en situación de vulnerabilidad o cualquier otra política similar.
Protección a los inquilinos
El acuerdo conocido hoy también contempla medidas de protección a los inquilinos; así, los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario.
Asimismo, se prohíbe aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos, que obligarían a los inquilinos a abonar gastos de comunidad, tasas de basura o cualquier otro no atribuible que no estuvieran acordadas previamente.
Del mismo modo, se eliminan las cláusulas que permitían la no aplicación de las medidas que contiene la Ley de existir un acuerdo entre las partes, y se prevé una prórroga extraordinaria de un año, por situaciones acreditadas de vulnerabilidad social o económica en los contratos de arrendamiento de vivienda.
El sector critica la norma
El sector inmobiliario considera que la Ley de Vivienda sólo empeorará la situación del alquiler en España, generará inestabilidad en el mercado y encarecerá los precios para los nuevos inquilinos que acceden.
Para el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), José Ramón Zurdo, el acuerdo “no contiene ni una sola medida seria y rigurosa para aumentar la oferta de viviendas en alquiler en España, que es el problema fundamental para los inquilinos”.
Para Idealista, el Gobierno “ha vuelto hoy a mostrar su ceguera al continuar sus políticas coercitivas frente a los propietarios” y señala que el verdadero problema es la falta de oferta.
Añade este portal que el límite del 2 % de subida en la actualización del alquiler, que ha cumplido un año, “ha tenido un efecto devastador en el mercado” al “complicar la situación a las personas que buscan vivienda actualmente”.
Otro portal, Pisos.com, lamenta que “con unas elecciones a la vuelta de la esquina” se haya acabado imponiendo “una política de vivienda partidista y cortoplacista, cuando debería ser más consensuada y a largo plazo”.
Fotocasa también ha criticado el acuerdo y opina que “dificultará aún más el acceso a la vivienda” y puede hacer que “el parque de viviendas en alquiler escasee todavía más”.
Reacciones políticas
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha calificado de “histórico” el acuerdo alcanzado este viernes entre el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos con ERC y Eh Bildu que permitirá aprobar “la primera Ley de Derecho a la Vivienda de nuestra democracia”.
Coincide en la satisfacción la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ha asegurado que el acuerdo se trata del paso “más importante que se ha dado en toda la democracia para garantizar el derecho constitucional a la vivienda” después de la “negociación más difícil de sacar adelante de la legislatura”.
El Gobierno quiere que la Ley de Vivienda que ha pactado con sus socios parlamentarios esté aprobada definitivamente en el mes e mayo antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28M, y para ello intentará que se agilicen todos los trámites parlamentarios tanto en el Congreso como en el Senado.
Desde la oposición, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este viernes que la política vivienda “la marcan los partidos que no quieren formar parte de “España” y ha advertido de que la nueva ley conllevará una reducción de la oferta y, en consecuencia, una subida de los precios de los alquileres.
“Sorprende que a los dos partidos independentistas les interese la política de vivienda de una nación de la que no quieren formar parte” y ha subrayado que Bildu y ERC “no representan más que a un porcentaje muy pequeño de conjunto de España.
Competencias autonómicas, otro frente
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que recurrirá la Ley de Vivienda estatal si invade competencias autonómicas.
El acuerdo incorpora cambios en la definición de “gran tenedor”, de modo que las comunidades autónomas podrán, en función de sus competencias y atendiendo a sus realidades, rebajar esta condición de los diez inmuebles establecidos por el proyecto del Gobierno a los cinco que finalmente se incluirán en la Ley.
