Paneles solares, en una imagen de archivo. EFE/Sebastiao Moreira

Un Tribunal inglés rechaza anular un laudo contra España por el recorte de inversiones renovables

Londres (EFE).- El Tribunal Superior de Londres ha rechazado este jueves la petición del Gobierno de España de anular el registro en Inglaterra del laudo arbitral Antin, que le obliga a pagar 120 millones de euros a unos inversores perjudicados cuando en 2013 redujo unas ayudas de 2007 a la energía renovable.

El juez Peter Fraser ha desestimado sus argumentos de que tenía “inmunidad soberana” en la jurisdicción inglesa y de que una reciente jurisprudencia de la Unión Europea (UE) revocaba sus obligaciones adquiridas bajo el convenio internacional de arbitraje del CIADI de 1966 y el Tratado de la carta de la energía (TCE) de 1994.

El dictamen, que en principio puede ser recurrido, valida la Orden de registro firmada el 29 de junio de 2021 por su colega Sara Cockerill del llamado laudo Antin, emitido en 2018 por el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), institución dependiente del Banco Mundial.

INVERSIONES RENOVABLES
Vista de un parque eólico, en una imagen de archivo. EFE/J.L.Cereijido

“No existen motivos adecuados para anular la Orden o negarse a reconocer el laudo y, en todos los argumentos planteados por España en su solicitud -aquellos basados en la falta de jurisdicción o inmunidad, la carencia de un acuerdo de arbitraje, la invalidez del laudo y la no divulgación (de toda la información) a la jueza que emitió la orden-, España ha fracasado”, dice Fraser en su fallo.

Cobro de la deuda

Esto acerca a los receptores del laudo -Infrastructure Services Luxembourg S.A.R.L y Energía Termosolar B.V- a poder cobrar su deuda mediante activos españoles en Inglaterra.

En este sentido, en un proceso paralelo aún en curso, éstos han obtenido una orden preliminar del Superior para embargar 120 millones de euros de los 855 millones que España podría cobrar si gana un pleito con la aseguradora The London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association por el vertido del Prestige en 2003.

Tras su reforma del sistema de primas a la energía renovable España ha afrontado 51 arbitrajes en varios países por esta causa, con reclamaciones por unos 10.000 millones de euros y 28 laudos dictados, de los cuales hasta ahora ninguno se ha ejecutado.