Varios usuarios de Renfe observan los horarios de los trenes, en una imagen de archivo.EFE/ Marta Pérez

La OCU recuerda a los afectados por la huelga de Renfe que pueden reclamar sus billetes

Madrid, (EFE).- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recordado ante la huelga convocada en Renfe y Adif que los viajeros afectados tienen derecho a reclamar el reembolso del importe de sus billetes en caso de cancelación de sus viajes, salvo que la compañía les proporcione otro medio alternativo de transporte.

Cancelaciones y retrasos

Para los retrasos de los trenes también están previstas unas compensaciones por parte de Renfe cuya cuantía depende depende del tipo de tren, billete y trayecto y además es posible reclamar daños y prejuicios si se justifican documentalmente.

Ante la jornada de protesta de mañana viernes, Renfe ha cancelado 310 trenes, de los cuales 89 son de alta velocidad y larga distancia y 221 de media distancia.

La estación de Atocha, en una imagen de archivo.
La estación de Atocha, en una imagen de archivo. EFE/J.J. Guillén

Dos opciones

Por ello la OCU explica en una nota que para la supresión de trenes la normativa establece dos opciones, siempre y cuando se hayan comunicado con 48 horas de antelación.

La primera consiste en proporcionar al pasajero su desplazamiento en otro tren o medio de transporte y la segunda, la devolución del precio que había pagado por el servicio.

Si la anulación del viaje se comunicara en las cuatro horas previas a la de la salida del convoy, el usuario tendrá además derecho a una indemnización por el doble del importe del billete abonado.

Las huelgas no puede ser consideradas “circunstancias excepcionales”

La OCU aprovecha para reseñar que aunque no están previstas más indemnizaciones para los viajeros con trenes cancelados, la organización considera que sí deberían de contemplarse puesto que las huelgas ocasionan en los pasajeros las mismas molestias que los retrasos y no pueden ser consideradas “circunstancias excepcionales”.

El reglamento aplicable exime de responsabilidad a las empresas por los retrasos o cancelaciones producidas por fuerza mayor.