Madrid (EFE).- La financiación de los sindicatos en España proviene principalmente de la cuotas de sus afiliados, en tanto que vía subvenciones públicas reciben un 15 % de sus ingresos, porcentaje que consideran escaso dada la labor que realizan como agentes sociales y en comparación con otros países europeos.
De esta forma, el grueso de sus ingresos viene de aquellos trabajadores que voluntariamente se afilian, se lamentan los sindicatos, teniendo en cuenta que todos los trabajadores se benefician de su papel institucional y en la negociación colectiva.
Una situación que, además, difiere de la de otros países europeos, donde cuentan con una aportación pública más elevada o un mayor número de afiliados al existir ciertas ventajas o incentivos para los trabajadores que se sindican.
Aportación estatal y autonómica
En España, los sindicatos reciben una aportación estatal y autonómica en función de su representatividad, así como compensación por su participación institucional en organismos públicos.
La Constitución confiere importancia a la figura de los sindicatos y patronales, recoge el derecho a sindicarse, pero también la prohibición a ser obligado a afiliarse a un sindicato, garantiza el derecho a la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios.
En 2023, los sindicatos recibieron 17 millones de euros como aportación estatal que se repartieron en función de su representatividad, medido por el número de delegados sindicales, beneficiando principalmente a CCOO (5,28 millones) y UGT (4,7 millones), seguidos muy de lejos por USO (611.000 euros), CSIF (570.000), ELA (480.000) o CGT (308.000).
A 31 de marzo de 2024, CCOO lideraba el número de delegados sindicales, con 104.893 miembros, rozando el 35 % del total, mientras que UGT sumaba 98.084 delegados, el 32,5 % del total; USO tiene 12.094, el 4 %; y CSIF, 11.420, el 3,79 %.
Además, los dos mayoritarios, CCOO y UGT, reciben unos 2,5 millones por su participación institucional, es decir, por ejercer la función que como agentes sociales les otorga la Constitución Española.
CCOO contaba con casi 1,09 millones de afiliados en 2022 que aportaban al sindicato 137,4 millones de euros, el 84 % de sus ingresos propios, mientras que UGT cuenta con 985.730 personas afiliadas que le reportan más de 120 millones mediante sus cuotas, el 85 % de sus ingresos propios.
Con las cuotas de sus afiliados y, en menor medida, con los ingresos por subvenciones, los sindicatos llevan a cabo la representación institucional, el diálogo y la concertación social, la negociación colectiva, la convocatoria y gestión de las huelgas, el asesoramiento a los trabajadores y el planteamiento de conflictos colectivos e individuales.
Pero también otras nuevas funciones que las últimas normativas encomiendan a los sindicatos en todas las empresas, incluso, en aquellas que no cuentan con representación de los trabajadores, por ejemplo, la negociación de planes de igualdad o los protocolos de acoso a personas LGTBI.
Los convenios amparan a 8,4 millones de trabajadores
Ese esfuerzo negociador se percibe en la estadística de convenios colectivos que publica el Ministerio de Trabajo y que detalla que sindicatos y empresas o patronales han firmado 2.461 acuerdos colectivos con efectos hasta el pasado mes de marzo, que afectan a casi 8,4 millones de trabajadores de 950.000 empresas.
La tasa de cobertura de la negociación colectiva alcanzó en 2023 a nueve de cada diez trabajadores con derecho a tener un convenio.
En este escenario, los sindicatos llaman la atención sobre la escasa contraprestación pública que reciben para afrontar toda esta labor negociadora de la que se benefician todos los trabajadores con independencia de que estén o no afiliados.
Así, el vicesecretario de general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, llama la atención sobre “la obligación que nos impone la ley en la Constitución sin contrapartida presupuestaria” y reclama “una ley de participación institucional o de negociación colectiva”, algo que parece que el Gobierno tiene en su hoja de ruta.
En el mismo sentido, la secretaria de Administración y Finanzas de CCOO, María Cardeñosa, considera que los sindicatos debería contar con una ley de financiación al igual que los partidos políticos, dado que ambos están reconocidos por igual en la Constitución.
Financiación en otros países
En Francia, por ejemplo, la financiación de los sindicatos, como la CGT o la CFDT, procede en más de un 50 % de subvenciones públicas, recibiendo en total más de 120 millones de euros anuales, muy por encima de la aportación pública que perciben sus homólogos españoles, explican desde UGT.
En otros países, con en Alemania, los sindicatos, como los agrupados en la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB), no reciben aportación del Estado y se financian fundamentalmente con las aportaciones de sus afiliados.
No obstante, explican fuentes sindicales, la afiliación es “obligatoria”, pero no porque lo sea por ley, sino porque sólo los trabajadores que forman parte de algún sindicato se benefician de aquellos acuerdos que negocien sus representantes en sus empresas.
Lo mismo ocurre con los sindicatos en Italia, donde además proporcionan la formación a los trabajadores, o en Bélgica, donde gestionan las prestaciones por desempleo, agilizando su cobro para aquellos trabajadores que están afiliados, si bien en este último país además se financian en un 50 % con subvenciones públicas.
En los países nórdicos, como Suecia o Noruega, los trabajadores abonan directamente en su nómina una especie de cuota sindical y, en el caso de no estar afiliado a ningún sindicato, se reparte entre aquellos con representación en su empresa.
