Madrid (EFE).- La afiliación en el sistema especial de empleadas de hogar ha caído un 2,9 % en el último año, un descenso que roza el 9 % al comparar con los datos de 2019, antes del impacto de la pandemia y que lleva a mínimos que no se registraban desde el inicio de este sistema en 2012.
Según las estadísticas de la Seguridad Social, en mayo de este año había 370.247 afiliaciones en este sistema, 11.000 menos que en mayo del año pasado y casi 37.000 menos que hace cinco años cuando este régimen especial de empleadas de hogar sumaba 406.864.
Para encontrar cifras más bajas de afiliación en este régimen hay que remontarse al inicio de la serie, en junio de 2012 con 341.770 afiliadas, poco después de ponerse en marcha este sistema, en principio de forma transitoria para su equiparación total con el general.
El pico de afiliación del sistema, cuyas altas y bajas oscilan bastante mes a mes, se registró en 2015 con 433.362.
El descenso se enmarca además en un contexto de fuerte creación de empleo y de recuperación de los flujos migratorios, en ambos casos con elevado peso femenino, y también en unos años de incremento del salario mínimo y de nuevos derechos para el colectivo.
Tras la pandemia, cuando hubo que idear una prestación extraordinaria para un colectivo que quedó completamente desprotegido, en 2022 entró en vigor el derecho a percibir la prestación por desempleo, al tiempo que se mejoró su protección frente al despido por desistimiento.
Este año se ultima la regulación que obliga a la prevención de riesgos laborales para las empleadas del hogar cuyos empleadores son familias en su mayoría.
"Un sumergimiento del trabajo en el hogar"
"Llevamos meses viendo un goteo a la baja que indica un sumergimiento del trabajo en el hogar", señala a EFE el secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, que apunta a una relajación en la concienciación pública sobre la obligación de tener que dar de alta y garantizar los derechos de estos trabajadores.
Bravo recuerda también que hay que tener en cuenta que, con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) donde más personas declaran trabajar en actividades en los hogares, la brecha de empleo sumergido es mayor.
En el primer trimestre 577.000 personas declaraban trabajar en el empleo doméstico, unas 50.000 menos que al arranque de 2019.
De estos datos se desprende que estarían trabajando sin estar dadas de alta en la Seguridad Social al menos un tercio de las empleadas del hogar, ya que muchas de las que sí cotizan, trabajan en más de un hogar y, por lo tanto, están afiliadas al sistema varias veces.
"Faltan más campañas desde las Administraciones Públicas de información y sensibilización", añade Bravo que también reclama estímulos fiscales para los empleadores.
En la actualidad existe una reducción general del 20 % en la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes al dar de alta a una empleada de hogar, que se amplía hasta el 45 % mediante una bonificación si el empleador es una familia numerosa.
Las nuevas cotizaciones por desempleo y para el fondo de garantía salarial (Fogasa) están bonificadas en todos los casos al 80 %.
Más mujeres inmigrantes
La responsable de Migraciones de UGT, Ana María Corral, coincide en esa tendencia al sumergimiento del trabajo en el hogar y apunta, además de a esa mayor laxitud sobre la obligación de dar de alta, a los flujos migratorios.
Tras la pandemia, explica Corral a EFE, se recuperó el flujo migratorio especialmente entre las mujeres provenientes de América Latina que, en muchos casos, llegan en situación irregular y que necesitan trabajar.
Corral reclama una mayor labor de la Inspección, más campañas dirigidas a denunciar el empleo sumergido y la puesta en marcha de un canal de denuncia seguro en el que las empleadas de hogar puedan informar de irregularidades o abusos.
"Hay cierta pérdida de conciencia sobre la situación de estas trabajadoras y resulta decepcionante el papel de las Administraciones Públicas", resume.
Lo que sí rechazan desde ambos sindicatos es vincular este descenso en la afiliación a las mejoras en la regulación para estas trabajadoras o las subidas del salario mínimo.
"La mejora de las condiciones nunca debería esgrimirse como argumento", zanja Corral.
