La presidenta no ejecutiva de Redeia, Beatriz Corredor. EFE/Daniel González

Red Eléctrica acusa a las eléctricas de dar información parcial y sin suficiente calidad para investigar las causas del apagón

Madrid (EFE).- La presidenta no ejecutiva de Redeia, Beatriz Corredor, ha acusado este miércoles a las eléctricas de no haber facilitado toda la información requerida por su filial Red Eléctrica para investigar las causas del apagón peninsular completo del 28 de abril y de no haberla remitido con la calidad deseable.

«Les puedo asegurar que no toda la información recibida de estas terceras partes ha tenido la calidad deseable, ni ha sido tan completa como hubiera sido necesario», ha dicho Corredor en una rueda de prensa ofrecida un día después de que el Gobierno haya apuntado tanto al operador como a las eléctricas como responsables potenciales del apagón.

Corredor también ha insistido en que Red Eléctrica, como operador del sistema, no gestiona las redes de distribución, sino que lo hacen los distribuidores en su monopolio territorial, ni tampoco gestiona las redes privadas o los centros de control distribuidos por todo España.

APAGON RED ELECTRICA
La presidenta no ejecutiva de Redeia, Beatriz Corredor (c), junto a Roberto García Merino, CEO de Redeia, y Concha Sánchez, directora general de Operación de Red Eléctrica. EFE/Daniel González

Según ha explicado, la entidad recibe los programas resultantes de los distintos mercados de electricidad gestionados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (Omie) en los que se plasman los acuerdos económicos entre los que ofertan y los que compran electricidad para cada hora del día siguiente.

Gestionar los servicios de ajuste

Con ese programa así establecido, Red Eléctrica tiene que comprobar que es «compatible con la realidad de la física», es decir, con los criterios de seguridad establecidos. «Esto es lo que se llama gestionar los servicios de ajuste, que incluyen los servicios de balance y la famosa resolución de restricciones técnicas», ha explicado Corredor.

Su intervención en este proceso ha de ser «lo mínimo imprescindible», «con el menor coste posible» y debe estar «plenamente justificada», ha defendido, tras recordar que el operador del sistema se rige por los principios de «eficiencia, seguridad, neutralidad e independencia».

«Red Eléctrica no produce electricidad, no comercializa electricidad, no fija el mix energético, no establece los precios, ni gana dinero por el precio de la electricidad que transporta por su red», ha insistido.

Corredor ha añadido que la actividad de Red Eléctrica es «un servicio público estratégico»: garantizar el sistema para que funcione en perfecto equilibrio.

Conclusiones del comité de análisis

Estas explicaciones tienen lugar un día después de que el comité de análisis impulsado por el Gobierno difundiera sus conclusiones sobre las causas del inédito apagón peninsular del 28 de abril, en el que se apunta a la falta de capacidad de control de tensión del sistema, pero no se aclara si es algo atribuible a Red Eléctrica, a las centrales de las eléctricas o a ambas partes.

«Lo que hemos determinado es que en ese momento no había suficiente capacidad de control de tensión dinámica», ha defendido el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, en una entrevista en RNE, poco antes de la rueda de prensa de Corredor.

Esa falta de capacidad del sistema para regular oscilaciones de tensión se produjo «o bien porque no se habían programado suficientes centrales» (responsabilidad de Red Eléctrica), o bien porque «las que estaban conectadas no estaban aportando lo que debían» (responsabilidad de las empresas propietarias de las centrales).

«O bien incluso una combinación de ambas», ha añadido.

Acusaciones a las centrales

Red Eléctrica sostiene que, si las centrales con obligación de aportar capacidad de control de tensión hubiesen actuado correctamente y no hubiesen incumplido sus compromisos, el apagón completo peninsular del pasado 28 de abril se habría evitado.

«Si los generadores con obligación de cumplimiento de control dinámico de tensión -los generadores acoplados en el sistema en el momento del incidente- hubiesen cumplido, no hubiéramos tenido apagón», ha sentenciado este miércoles Concha Sánchez, directora general de Operación de Red Eléctrica, en una conferencia de prensa.

En la víspera, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, explicó que una de las diez centrales que tenían que haber sido capaces de regular la tensión en el sistema eléctrico durante el apagón del 28 de abril no estaba operativa.

Al dar a conocer las conclusiones del comité impulsado por el Gobierno para averiguar las causas del apagón, Aagesen explicó que el 27 de abril el operador del sistema, Red Eléctrica, programó para el día siguiente la actividad de diez centrales térmicas con capacidad de regular tensión.

Una se declaró indisponible y, ante este cambio, Red Eléctrica decidió no sustituir esa instalación y seguir con una previsión de recursos de control de tensión para las horas centrales del día inferiores a lo que había calculado el 27. El número final de instalaciones acopladas fue el más bajo desde el inicio del año.

Para Red Eléctrica, la participación de esa central no habría evitado el apagón. «El que hubiera habido un grupo más acoplado en el sistema no hubiera cambiado el final de las cosas», ha asegurado Sánchez, quien ha defendido que lo que sí habría funcionado es que todas las centrales capaces de regular la tensión hubieran actuado adecuadamente.

La OCU pide compensaciones para los afectados por el apagón

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) lamenta que las explicaciones sobre las causas del apagón «lleguen tarde» y no vayan acompañadas de compensaciones para los consumidores.

«Los consumidores siguen esperando algo más que un informe técnico: esperan respuestas claras, asunción de responsabilidades y compensaciones reales», señala en un comunicado enviado este miércoles, después de ayer se presentara el informe del comité de análisis sobre las causas del apagón.

Vista de una calle durante el apagón eléctrico en Ourense.
Vista de una calle durante el apagón eléctrico en Ourense. EFE/Brais Lorenzo/Archivo

La organización también critica que este documento «carece de valor jurídico, lo que deja a los consumidores en el limbo a la hora de reclamar daños».

La OCU recuerda que durante el apagón, miles de hogares y pequeños negocios sufrieron consecuencias tangibles como pérdidas de alimentos, averías de electrodomésticos o costes extras derivados de la falta de electricidad.

La asociación explica que ha puesto en marcha una campaña con triple objetivo: aclarar lo sucedido, depurar responsabilidades y exigir compensaciones para los ciudadanos.