Bogotá (EFE).- El Senado y la Cámara de Representantes de Colombia aprobaron este viernes, en votaciones separadas y tras un intenso proceso de conciliación, la reforma laboral impulsada por el presidente Gustavo Petro, quien anunció que derogará el decreto con el que convocó una consulta popular.
En el pleno del Senado la conciliación entre las dos versiones aprobadas de la reforma pasó con 59 votos por el ‘Sí’ y 16 votos en contra, de los partidos Cambio Radical y Centro Democrático, y en la Cámara la votación fue de 126 votos a favor y dos en contra.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, celebró la aprobación legislativa, que ahora pasará a sanción presidencial, y destacó que se trata de «una reforma laboral democrática, en clave de derechos y de trabajo decente».
En su intervención en el Capitolio, Sanguino afirmó que esta normativa «protegerá los derechos de los trabajadores, recuperará derechos perdidos en el pasado, incorporando nuevos derechos, pero al mismo tiempo contribuirá a la consolidación del aparato productivo del país».
«Como lo dije, dado que la reforma laboral es ley, derogaré el decreto que convoca la consulta popular, que ya no es necesaria, el poder constituido que hace las leyes le obedeció al poder soberano que es el pueblo», expresó Petro en un mensaje publicado en la red social X.
El pueblo trabajador de Colombia ha ganado su primera victoria después de 34 años, cuando en la constitución se ordenó hacer una ley del estatuto del trabajo, orden desde entonces incumplida.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 20, 2025
Se que falta mucho, pero le he cumplido a la clase trabajadora, en la que me crie como…
La conciliación fue necesaria para armonizar las dos versiones aprobadas previamente por Senado y Cámara, compuestas por más de 70 artículos.
Beneficios para los trabajadores
La reforma, que inicialmente el Senado archivó en marzo, revivió semanas después en medio de una fuerte controversia política que incluyó la firma de un decreto presidencial para convocar una consulta popular con el fin de aprobar la reforma en las urnas.
Sin embargo, esa consulta, convocada por Petro para el próximo 7 de agosto, fue suspendida temporalmente por el Consejo de Estado, la mayor autoridad de lo contencioso administrativo, y finalmente cancelada por Petro.
La nueva norma laboral establece, entre otros puntos, la ampliación en dos horas del recargo nocturno, que comenzará a aplicarse a partir de las 7:00 pm; el reconocimiento del contrato de aprendizaje de alumnos de la institución estatal SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) como una relación laboral formal, y la regulación del trabajo mediante plataformas digitales.
Durante los debates, el oficialismo defendió que el nuevo marco legal busca corregir asimetrías históricas en el mundo del trabajo y ampliar la cobertura de derechos para millones de colombianos, mientras que la oposición sostuvo que generará inseguridad jurídica y afectará al empleo formal en las pequeñas y medianas empresas.
Con esta aprobación, el Gobierno Petro suma su tercera gran reforma estructural tras la tributaria y la pensional. En contraste, sus proyectos de salud y educación están archivados o bloqueados.
Cierre del periodo legislativo
Pese a las polémicas entre el Ejecutivo y el Legislativo por el contenido de la reforma laboral, el Congreso de Colombia retomó el trámite ordinario y logró sacar adelante el proyecto a contrarreloj en los últimos días del período legislativo que termina hoy.
Durante la apertura de la jornada de este viernes, el presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, enfrentado con Petro por las presiones del mandatario al Congreso y por su supuesto plan de convocar a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, hizo un llamado a la institucionalidad.
«El ordenamiento jurídico expresa que toda convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente pasa por el Congreso de la República», manifestó Cepeda.
Con la votación de hoy se cerró el actual periodo ordinario del Congreso pero Petro dijo ayer que convocará a sesiones extraordinarias en los próximos días para subsanar un vicio de procedimiento identificado por la Corte Constitucional en otra reforma, la pensional aprobada el año pasado, que debe corregirse para que entre en vigor.
