Madrid (EFE).- Los gobiernos central y vasco han «encauzado definitivamente» la participación de la SEPI para «hacer viable» la operación de compra del 29,8 % de Talgo por un consorcio vasco encabezado por Sidenor «y mantener así la actividad y el empleo» en Euskadi, ha dicho el lehendakari, Imanol Pradales.
El acuerdo se produce tras la reunión, este martes en La Moncloa, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el lehendakari, que ha informado en rueda de prensa de esta noticia, «muy esperada en Euskadi», aunque no ha aportado más detalles sobre el respaldo de ambos gobiernos a esta operación.
«Hemos llegado a un acuerdo en Talgo en el escenario de disputa y desencuentro político que se vive en el Estado», ha afirmado.
El Gobierno vasco aseguró la semana pasada que la SEPI se había «echado atrás» en su apoyo a la operación, una exigencia de los bancos acreedores de Talgo para refinanciar los más de 400 millones de deuda del constructor ferroviario.
Pradales evita desvelar las condiciones pactadas
El lehendakari ha eludido desvelar las condiciones pactadas con el presidente del Gobierno para la entrada de la SEPI, porque «se tiene que materializar en las próximas semanas» y, además, le corresponde fundamentalmente al gobierno español «dar alguno de esos pasos».
«Quiero felicitarme de que hayamos encauzado definitivamente ese acuerdo que va a implicar que el consorcio vasco va a hacerse con el control de la compañía, que vamos a tener también a la SEPI como acompañante de esta operación industrial, que es tan relevante para Euskadi», ha señalado.
«Afrontar su futuro en condiciones financiares solventes»
La entrada de capital público estatal va a permitir que la empresa «pueda afrontar su futuro en condiciones financieras solventes» y que pueda hacer frente a la cartera de pedidos de una empresa «muy relevante en Euskadi» porque da empleo directo allí a 700 personas y genera unos 5.000 de manera indirecta, de acuerdo con las cifras del lehendakari.
Talgo tiene su planta más importante en Rivabellosa (Álava), de la que viven alrededor de 700 familias. La segunda planta está en Las Rozas (Madrid), con 500 trabajadores, donde tiene su sede social, que el consorcio comprador tiene previsto trasladar a Euskadi.
Cinco meses desde el preacuerdo
Cinco meses después de que se firmara el preacuerdo entre la sociedad instrumental Pegaso (el fondo Trilantic y la familia Oriol) para vender el 29,77 % de Talgo al consorcio encabezado por Sidenor, del que forman parte también el fondo público vasco Kinkatuz y las fundaciones de las cajas BBK y Vital, la fórmula que hoy han acordado ambos gobiernos busca cerrar la operación.
Los fondos de los compradores se sumarían a las aportaciones de los Gobierno vasco y central, que irían a reforzar la estructura de capital de Talgo.
La estructura de la financiación para reforzar el balance de Talgo ha sido desde el preacuerdo el principal caballo de batalla en la negociación, en la que la banca acreedora exigía la reestructuración de la deuda de más de 400 millones de euros de la compañía.
A la deuda se añade otro escollo: la multa de 116 millones que le impuso Renfe por los retrasos de más de dos años en las entregas de los trenes Avril, que Talgo ha debido provisionar, y provocó unas pérdidas de 107,9 millones en sus resultados de 2024.
Renfe, de acuerdo con la posición defendida por la Abogacía del Estado, ofrece no ejecutar la multa hasta 2031 y fraccionarla hasta en siete años.
La venta se pactó a 4,15 euros por acción (153 millones de euros en total) más 0,85 euros si se cumplen determinados hitos financieros en 2027 y 2028 (24 millones adicionales).
Las acciones de Talgo llevan cotizando en los últimos días en torno a los 2,9 euros y no han tocado los valores pactados en febrero desde hace un año, cuando todavía estaba viva la opa (a cinco euros por título en efectivo) lanzada por la compañía húngara Magyar Wagon.
Veto a la opa de la compañía húngara Magyar Wagon
El Gobierno vetó esta opa en agosto del año pasado por razones de seguridad nacional, que nunca detalló, aunque se airearon relaciones de ese consorcio con capital ruso.
Diversas fuentes del sector coinciden en que la entrada de Sidenor no resuelve los problemas de capacidad de producción que tiene el constructor ferroviario, cuya cartera de pedidos supera los 4.000 millones de euros, y acumula retrasos importantes tanto en el contrato con Renfe como con la operadora alemana Deutsche Bahn.
El Gobierno español, sobre todo el ministro de Transportes, Óscar Puente, siempre defendió la opción Sidenor como la mejor para garantizar la españolidad de la compañía.
Tras el fracaso de la oferta húngara mostró interés la polaca Pesa, que sí hubiera aportado capacidad industrial, pero, ante las «sugerencias» del Gobierno español, ni siquiera llegó a presentar la oferta, también de cinco euros por acción.
La empresa polaca, la india Jupiter Wagons u otros posibles interesados serían, en todo caso, opciones para una segunda ronda, una vez garantizada la entrada de Sidenor, en el escenario que ha barajado Puente.
