Madrid (EFE).- El pleno del Congreso ha rechazado este martes, con 165 votos a favor y 183 en contra, la convalidación del real decreto-ley con medidas para reforzar el sistema eléctrico tras el apagón peninsular del pasado 28 de abril, al desmarcarse Podemos, BNG y Junts del Gobierno y sus socios y votar en contra junto al PP y VOX.
Sobre ello se ha pronunciado ya el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que ha acusado al PP de creer que vota contra el Gobierno cuando «está votando en contra del interés general», y ha anunciado que volverá a llevar la norma al Congreso, convencido de que será convalidada.
«No tienen ni la más mínima sensibilidad ante un tema de esta envergadura», ha reprochado María de las Nieves Ramírez, del PSOE, ante el Pleno del Congreso, el mismo al que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, había pedido «responsabilidad política» y «altura de miras».
Los argumentos del PP
El PP, cuyo sentido del voto era una incógnita, ha aseverado durante su turno de palabra que no van a avalar un texto que interpreta como un intento del Ejecutivo de «ocultar sus errores y lavar sus culpas».
«No lo apoyamos por coherencia, responsabilidad y respeto a la verdad», ha afirmado el diputado popular Guillermo Mariscal, para quien el incidente en la España peninsular y Portugal «fue el resultado directo de la gestión catastrófica de este Gobierno».
José María Figaredo, de VOX, ha defendido que el texto no es «ni necesario ni sirve absolutamente para nada», en tanto que Míriam Nogueras, de Junts, ha avisado al Gobierno de que sus votos «no son un cheque en blanco», en señal de castigo por incumplir el acuerdo político respecto a la amnistía y el uso del catalán.
Como ya anunciara, Podemos también votará ‘no’ al real decreto-ley ya que, ha denunciado la diputada Martina Velarde, «deja la regulación y el funcionamiento del sistema como estaba» y «tiene que ver con casi todo menos con el apagón».
BNG se ha mostrado en contra de este texto que «da todavía más poder a las empresas del sector eléctrico para instalar parques eólicos, fotovoltaicos o hidroeléctricas reversibles donde quieran, favoreciendo la especulación y ahondando en una dinámica que nada tiene que ver con una transición sostenible», según Néstor Rego.
EH Bildu: daño a la ciudadanía
«Puede ser lícito tratar de tumbar un decreto para tumbar un Gobierno, pero así no se daña al Gobierno o al oligopolio, sino a la ciudadanía», ha denunciado Mikel Otero, de EH Bildu, que ha valorado la «celeridad» con la que ha maniobrado el ministerio en su diagnóstico sobre el incidente y en su paquete de medidas.
Por su parte, Idoia Sagastizabal ha dado el ‘sí’ del PNV, y ha incidido en que permanecerán atentos a cómo evolucionan los compromisos en materia energética del Ejecutivo, como una planificación eléctrica que priorice la industria y el incremento de los límites máximos de inversión en redes.
Teresa Jordá, de ERC, ha comenzado su intervención confirmando el apoyo del grupo al real decreto-ley «sin una pizca de ingenuidad, pero con la convicción de que es imprescindible actuar ya para proteger el sistema eléctrico, para acelerar la transición energética y para evitar el colapso estructural de la inacción».
Dentro del grupo parlamentario mixto, Compromís y Coalición Canaria han respaldado la convalidación. En el caso de la formación canaria, Cristina Valido ha animado a los diputados a sacar adelante esta batería de iniciativas que incluye medidas fundamentales para las islas.
Eloi Badia, de Sumar, ha dedicado una mención especial a la oposición de Podemos a un texto que «va en la buena dirección», y cree que si finalmente no sale adelante, «el oligopolio será más fuerte».
No obstante, ha manifestado sus discrepancias con el PSOE, ya que -considera Badia- «la privatización ha demostrado, una vez más, que no es capaz de garantizar un servicio universal (la electricidad) y ofrecer precios competitivos» y que el modelo de subastas renovables «sigue la lógica del cuanto más rápido y barato mejor».
No es la primera vez que un real decreto-ley termina siendo derogado en el Congreso este año. Ya el pasado enero, la Cámara Baja echó para atrás el conocido como decreto ómnibus, que contenía medidas como la prórroga del Plan Moves III -que salió más adelante- y ayudas a los electrointensivos -que ahora vuelven a caer-.
Los sectores productivos pedían la convalidación
En los últimos días, los sectores eléctrico e industrial habían mostrado su respaldo al texto e, incluso, varias asociaciones empresariales enviaron una carta a todos los grupos parlamentarios pidiendo su apoyo a la convalidación.
De hecho, en un comunicado conjunto remitido el pasado viernes, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), que integra a Iberdrola, Endesa y EDP, y patronales de las energías limpias como APPA Renovables, AEE (eólica) y UNEF (fotovoltaica), advertían de las «graves consecuencias» de no ratificar esta batería de medidas.
Entre ellas, alertaban de la exposición a futuras crisis como el apagón del 28 de abril, pérdida de competitividad internacional, paralización de inversiones que reducen la dependencia energética y vulnerabilidad ante la incertidumbre geopolítica.
También los empresarios madrileños, a través de CEIM, pidieron a todos los grupos parlamentarios «altura de miras» para apoyar una norma que responde «de forma eficaz y estratégica» a los desafíos energéticos que afronta el tejido productivo español y que se encamina a un modelo «más resiliente, eficiente y competitivo».
