Madrid (EFE).- El Gobierno español va a recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) la sentencia que desestimó varios recursos interpuestos por España y por el sector pesquero contra la designación por parte de la Comisión Europea (CE) de zonas de veda en el Atlántico.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha confirmado, en declaraciones a EFE, que España presenta un recurso de casación que se «limita a los aspectos jurídicos» de dicha sentencia, que a su vez dictó el pasado junio el Tribunal General de la UE.
El fallo del Tribunal General comunitario daba la razón a la Comisión Europea y avalaba la normativa de 2022, en la que designó 87 áreas que deben ser objeto de protección en España y otros países, al considerar que hay, o es probable que haya, ecosistemas marinos vulnerables, lo cual afectó a las capturas de merluza.
Para el ministro, la decisión de recurrir la sentencia -esta vez ante el Tribunal de Justicia comunitario, otra instancia- está justificada por el hecho de que los argumentos que emplearon para el recurso inicial «continúan pareciendo válidos».
Ha manifestado que la normativa de la CE «no puede excluir los aspectos económicos y sociales» por lo que ve necesario «ligar lo ambiental, como todo lo que se refiere a la Política Pesquera Común, a lo económico y a lo social».
Afectación de las vedas
El ministro ha puesto como ejemplo que, en el caso del palangre de fondo, ha habido una afectación de las vedas que puede llegar en volumen hasta el 39 % del conjunto de las capturas.
Otro de los argumentos para animarse a presentar el recurso es que España cree que Bruselas elaboró su reglamento sin tener en cuenta «la diferencia entre artes fijas y artes móviles», lo cual es algo que » parece muy significativo» al ministro.
Con todo este argumentario, según el ministro, lo que se intenta es «excluir el palangre de fondo del contenido mismo de la aplicación del reglamento» y lo hacen «a través del recurso» pero también apela al diálogo con la Comisión.
En ese sentido, ha indicado que España está dispuesta a «dialogar y a negociar» con la CE y a presentar la evidencia científica necesaria para (…) corregir una situación profundamente injusta, como es la inclusión del palangre de fondo como una modalidad más de arrastre» sin tener en cuenta que su afectación sobre los fondos marinos es mínima».
