Madrid (EFE).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la declaración como zona tensionada de San Sebastián, A Coruña y Pamplona, junto con otros 20 municipios de Navarra, con lo que se eleva a 301 municipios los que ya han sido declarados tensionados para el alquiler en cuatro comunidades autónomas.
Esto conlleva, según apuntan fuentes del Ministerio de Vivienda, a que haya más de 8,28 millones de personas que viven en España en zonas donde el mercado del alquiler está tensionado.
San Sebastián es la primera capital de provincia del País Vasco declarada como zona tensionada, aunque otras localidades de la comunidad, como Errentería, ya han sido declaradas zonas tensionadas previamente.
En Navarra los municipios que se incluyen en la declaración son: Pamplona, Tudela, Valle de Egüés, Burlada, Barñáin, Zizur Mayor, Estrella-Lizarra, Aranguren, Berriozar, Tafalla, Ansoáin, Villava, Corella, Valle de Elorz, Cintruénigo, Baztan, Altsasu, Huarte, Berrioplano, San Adrián y Peralta.
La Ley de Vivienda regula un procedimiento para tratar de contener los precios de los alquileres en zonas donde los incrementos en años anteriores fueron especialmente elevados.
Este mecanismo establece una serie de bonificaciones fiscales para que los propietarios que rebajen las rentas de los alquileres a sus inquilinos y limita la capacidad de incrementar los precios de nuevos contratos de arrendamiento al tener que estar ajustados al precio del contrato anterior.
También, se establece un índice de precios de referencia para los alquileres de la vivienda y sobre el que los grandes tenedores están obligados a fijar los precios de sus contratos.
Plan de medidas urgentes
Además, se fija la obligación de que las administraciones públicas ejecuten un plan de medidas urgentes para incrementar la oferta de alquiler para que en el plazo de tres años la situación del mercado del alquiler haya sido revertida.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha afirmado este martes que este mecanismo implica que se bajen los precios del alquiler, que se impida subirlos y que no haya ningún incentivo para que los propietarios quieran hacerlo.
Además, ha añadido que también supone aportar todos los recursos para solucionar el problema y conseguir que el esfuerzo de las familias para el pago de la vivienda no supere el 30 % de sus ingresos.
Asimismo, hay otros municipios que han solicitado ser declarados zonas tensionadas, como Santiago de Compostela, que tras solicitarlo a la consejería, recibió un requerimiento del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) para reformular la petición y ayer, el concejal de Urbanismo, Vivienda y Ciudad Histórica, Iago Lestegás, comunicó que se había enviado un informe para reiterar la petición.
Por su parte, el consejero asturiano de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, indicó en junio que están trabajando en la declaración de 16 zonas tensionadas en seis concejos y que la intención es hacerlo de una forma gradual para tenerlas listas antes de que acabe el año.
Fuentes del ministerio señalan que la aplicación de las zonas tensionadas favorece a los inquilinos, pero también a los pequeños propietarios que son buenos caseros y ponen sus propiedades en alquiler respetando el índice de referencia.
