Madrid (EFE).- El proyecto de ley que transpone la directiva europea de refuerzo de la vigilancia de las criptomonedas para evitar el fraude fiscal ha superado este jueves el veto presentado por Vox en el Congreso, con lo que continúa su tramitación.
El Pleno del Congreso ha rechazado la enmienda de devolución por 176 votos en contra, 32 votos a favor (Vox) y 136 abstenciones (PP).
Esta ley, ha defendido la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, va a permitir cumplir con los compromisos en materia de transparencia fiscal internacional y dará a la Agencia Tributaria información para «mejorar el control de estas operaciones, la lucha contra el fraude y la asistencia al contribuyente».
En su enmienda, Vox rechazaba la ley para evitar ser «cómplice» de un «Gobierno corrupto» al entender que la tramitación de la norma se aprovechará «para introducir de forma espuria enmiendas que ejecuten acuerdos para mantenerlo con vida» ante la falta de presupuestos como, alega, ocurrió el pasado año con la ley sobre el impuesto complementario, en la que se incluyó el paquete fiscal del Ejecutivo.
El diputado de Vox José María Figaredo ha afeado además que Montero argumente que todos los españoles tienen que contribuir cuando «las personas cercanas al PSOE obtienen cargos, enchufes» y beneficios fiscales como constatan los diferentes casos de corrupción que afectan al entorno de este partido.
Por su parte, Montero ha criticado que Vox no cree en la Unión Europea ni en los compromisos que conlleva y que, si se opone a la ley, es porque son «grandes defensores de la desregulación de los mercados financieros» y, «en particular de los criptoactivos», por lo que «no sorprende» que no quiera avanzar en la lucha contra el fraude en este ámbito.
El diputado del PP Santi Rodríguez Serra ha admitido que el texto es de carácter técnico e «inocuo», aunque ha matizado que si la tramitación de la ley acaba en un «mercadillo» en el que cada socio del Gobierno incluya sus «exigencias», como ocurrió con el paquete fiscal, ya no podrán contar con el PP.
Sumar ha celebrado que la ley introduzca «mecanismos de control» en los mercados digitales, pero presentará enmiendas para mejorarlos, entre ellas una clasificación de criptoactivos por nivel de riesgo o que las ganancias de estos activos tributen al tipo general en lugar del tipo del ahorro.
La vicepresidenta había apelado en su intervención «al sentido común» de los grupos para rechazar la enmienda de totalidad, lo que permitirá que la ley avance en el control de las criptomonedas y evite el riesgo de un procedimiento de infracción por no trasponer la directiva.
Nuevas obligaciones de información para proveedores
La ley transpone la directiva europea conocida como DAC 8, por la que se refuerza la vigilancia de las criptomonedas con nuevas obligaciones de información para los proveedores, lo que supondrá un mayor control sobre los activos en el extranjero para avanzar en la lucha contra el fraude.
Este mayor control de los criptoactivos, tal y como establece el nuevo marco de la OCDE, dará acceso a la Administración a información de los usuarios tanto residentes como no residentes en España, lo que facilitará la asistencia mutua entre los países de la Unión Europea.
También se realizan otros ajustes sobre la prescripción -para cumplir con la doctrina del Tribunal Supremo- y la recaudación -para que los criptoactivos sean bienes susceptibles de ser embargados, incluidos los localizados en entidades de pago y el dinero electrónico-.
