Washington (EFE).- El Tribunal Supremo de EE.UU. se mostró este miércoles escéptico sobre el poder del presidente, Donald Trump, para imponer aranceles a prácticamente todos los territorios del mundo al plantear que el uso que el mandatario hizo sobre una ley de emergencia para justificar los gravámenes pudo no ser correcto.
El alto tribunal, de mayoría conservadora, celebró una audiencia para determinar si la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA), que otorga a los mandatarios el poder de hacer frente a una «amenaza» durante «una emergencia nacional», es aplicable en este caso en caso del aumento de aranceles anunciado desde abril.
Desde el principio de la sesión, los magistrados plantearon dudas sobre la legalidad de su política arancelaria, incluidos los jueces conservadores, que acostumbran a ir en línea con el planteamiento del republicano, y si el poder de imponer los gravámenes recae en el Congreso de acuerdo con la Constitución.
Un fallo en contra de la política arancelaria de Trump, aunque parcial, sería un duro golpe para el mandatario, que ha construido su plan económico y hasta sus relaciones diplomáticas en base a estas tarifas.
El fiscal John Sauer, que representó la postura de la Administración, intentó defender la necesidad de aplicar estos gravámenes por una emergencia económica, pero negó que se buscase el beneficio económico. Sin embargo, Trump ha hecho bandera en más de una ocasión del dinero que iba a recaudar gracias a los aranceles.
¿El poder de los aranceles recae en el Congreso o el Ejecutivo?
El presidente del Supremo, el juez conservador John Roberts, que fue uno de los más incisivos con el abogado del Gobierno durante el interrogatorio, aseguró que la imposición de aranceles ha sido siempre competencia del Congreso y que otorgar también este poder al mandatario «neutraliza» la separación de poderes.
Jueces como la magistrada progresista Sonia Sotomayor se mantuvieron firmes en que los aranceles son parte de la política tributaria, algo que, como defendió, corresponde al Congreso.
Uno de los momentos claves fue cuando el abogado de un grupo de empresas afectadas, una de las partes demandantes, declaró que el magistrado conservador Neil Gorsuch, nominado por Trump en 2017, había dado «en el clavo» con una de sus planteamiento que ponía en duda del proceder de la Administración.
Varios magistrados se mostraron convencidos con el argumento de que los aranceles busquen paliar una emergencia y especialmente con el hecho de que gran parte de los países recibiese aranceles «recíprocos», como los bautizó Trump.
¿Por qué el Supremo revisa la política arancelaria de Trump?
El caso llegó al Supremo después de que tribunales inferiores y una corte federal de apelaciones considerasen que el mandatario había excedido sus poderes al determinar su batería arancelaria.
La impugnación la presentó un grupo de 12 fiscales demócratas, representados por el fiscal general de Oregón, y el un grupo de empresas representadas por el abogado Neal Katyal, que fue fiscal general de EEUU durante parte del mandato de Barack Obama.
Más allá de las dudas sobre la política del presidente, algunos magistrados también se mostraron preocupados por problemas que podrían surgir en el caso de que el tribunal fallase en su contra, como las posibles devoluciones de los aranceles que las empresas ya han pagado o las repercusiones que podría tener limitar el poder del presidente de cara a una futura emergencia.
El secretario del Tesoro defiende los aranceles de Trump
Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, defendió la política arancelaria impuesta por Trump, a pesar del escepticismo que plantearon los magistrados del Tribunal Supremo.
«El presidente Trump ha tratado de reequilibrar décadas de comercio desleal contra EE.UU. que nos han llevado a un punto de inflexión. El objetivo de su agenda es recuperar la industria manufacturera y equilibrar los déficits y las barreras comerciales, que han alcanzado niveles críticos, con nuestros socios comerciales globales», escribió Bessent en un mensaje en la red X.
«Los ingresos por aranceles son secundarios a estos objetivos urgentes, no la razón subyacente de su aplicación. De hecho, como he dicho muchas veces, a medida que las condiciones comerciales se vuelvan más justas, los productos manufacturados en Estados Unidos sustituirán a los importados. Los ingresos por aranceles se reducirán y los ingresos fiscales nacionales de Estados Unidos aumentarán», añadió.
Bessent cargó contra los abogados de las partes demandantes, un grupo de empresas y los fiscales de doce estados, a quienes acusó de «tergiversar» con sus argumentos: «Qué declaraciones tan vergonzosas ante el Tribunal Supremo».
«El presidente Trump ha utilizado la autoridad de la IEEPA para abordar la crisis del fentanilo, sacarnos del abismo en materia de política comercial, asegurar el suministro de tierras raras de China y reducir las compras de petróleo ruso, todas ellas cuestiones urgentes de seguridad nacional», aseguró.
«La seguridad económica es seguridad nacional, y la IEEPA proporciona una poderosa herramienta al presidente Trump para proteger a nuestro pueblo, nuestra economía y nuestra nación», concluyó.
