Málaga (EFE).- La subida del coste del alquiler dio origen hace unos años a la creación de sindicatos de inquilinas en varias ciudades, entre ellas Madrid, Barcelona y Málaga, un movimiento que se ha extendido por el país para visibilizar el problema de acceso a la vivienda, crear redes de apoyo y presionar a las administraciones para que atiendan sus demandas.
Estas organizaciones, que se unieron a mediados de octubre en una Confederación estatal en un congreso celebrado en Málaga, buscan frenar los desahucios, lograr mejoras en las condiciones de los alquileres para dar más estabilidad a los inquilinos y moderar los precios.
Actúan contra prácticas que consideran abusivas, como el acoso inmobiliario, y defienden medidas para paliar la situación actual como la recuperación de viviendas vacías y la regulación de los alquileres turísticos, por su impacto en la menor disponibilidad de la oferta de larga temporada y la pérdida de residentes en centros históricos de ciudades como Sevilla, Málaga, Córdoba o Cádiz.
Visibilidad a un problema creciente
La dificultad de acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes, debido a la disparidad entre la subida de los precios de los inmuebles y la de los salarios; una oferta limitada, así como el crecimiento de la demanda por factores como el aumento de la población y los hogares unipersonales, han agravado la situación.
En algunas zonas andaluzas, la inversión extranjera ha absorbido parte de la oferta disponible, y también ha presionado los precios al alza.
Los sindicatos de inquilinas se han constituido como una plataforma de defensa colectiva para proteger sus derechos frente a propietarios y especuladores, además de ofrecer solidaridad a los inquilinos, dar a conocer el problema y movilizar a la sociedad.
En 2017 se crearon los primeros sindicatos en Madrid, Barcelona, Málaga, Zaragoza e Ibiza debido a la subida del coste del alquiler y en el último año se han sumado nuevas sedes en Vigo, Sevilla, Cádiz, Asturias y Guadalajara, a los que se unirán otras organizaciones en los próximos meses.
El malestar se traslada a la calle
El malestar por la crisis de la vivienda en España ha dado lugar a varios protestas, la última el pasado abril en más de cuarenta ciudades, que sacó a la calle a miles de asistentes para clamar por el derecho a la vivienda digna, la bajada de los alquileres, la paralización de los desahucios y el fin de la especulación inmobiliaria.
La recién creada Confederación -integrada inicialmente por once sindicatos- apuesta por recuperar los pisos vacíos, turísticos y «desviados» al mercado temporal y la creación de un parque de vivienda pública y cooperativa fuera del mercado.
Al igual que en las movilizaciones de abril, que permitieron poner de relieve la crisis habitacional y, en el caso de Málaga, situar el foco en la escasez de oferta de vivienda y el impacto de la presión turística, la Confederación apuesta por la acción colectiva para reducir los alquileres y «acabar con el negocio de la vivienda».
Los sindicatos aprobaron en el congreso de Málaga un plan de acción para fortalecer alianzas con el sindicalismo laboral, vincular la defensa de la vivienda con la lucha contra la carestía de la vida y avanzar en una huelga general por la vivienda.
Además, llaman a la resistencia frente a las expulsiones y subidas de precios. Con su campaña ‘Nos quedamos’, que coordina la Confederación, los sindicatos buscan que los inquilinos permanezcan en sus hogares cuando vence el contrato para conseguir condiciones de alquiler más justas.
Con todo ello buscan crear una presión colectiva para forzar cambios en las políticas de vivienda, un asunto que se ha convertido en la principal preocupación de los españoles, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
