Madrid (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el límite de gasto no financiero o techo de gasto presupuestario para 2026, que ha fijado en 212.026 millones de euros, un 8,5 % superior al que se presentó para 2025 y un máximo histórico.
Según ha explicado este martes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo, si se incluyen los fondos europeos (4.151 millones) el techo de gasto por el que se regirá el futuro presupuesto de 2026 asciende a 216.177 millones, también un 8,5 % más.
El techo de gasto incluye 22.881 millones de euros en transferencias a la Seguridad social, un 1,4 % del PIB, para cumplir con el Pacto de Toledo, una «muestra» del compromiso con la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Montero ha destacado que el aumento del techo de gasto es «significativo pero prudente», ya que permite cumplir con las reglas fiscales y avanzar en la reducción del déficit.
Déficit público del 2,1 % en 2026
El Consejo también ha aprobado la senda de estabilidad (déficit, deuda y regla de gasto) para el periodo 2026, en la que se fija un objetivo de déficit público en el 2,1 % del PIB en 2026, el 1,8 % del PIB en 2027 y el 1,6 % del PIB en 2028, las mismas metas que recogía el plan fiscal estructural.
Las regiones tienen un objetivo de déficit del 0,1 % del PIB en todo el periodo y las corporaciones locales, de equilibrio, mientras que el Estado deberá reducir su déficit al 1,8 % del PIB en 2026, el 1,5 % del PIB en 2027 y el 1,4 % del PIB en 2028 y la Seguridad Social, al 0,2 % del PIB en 2026 y 2027 y el 0,1 % del PIB en 2028.
La senda de estabilidad establece que la deuda tendrá que bajar al 100,9 % del PIB en 2026, el 100 % del PIB en 2027 y el 99,1 % del PIB en 2028.
Por lo que respecta a la regla de gasto, que es la métrica central de las nuevas reglas fiscales europeas por la que se limita cuánto puede aumentar el gasto computable entre dos ejercicios, se sitúa en el 3,5 % en 2026, el 3,4 % en 2027 y el 3,2 % en 2028.
Montero ha pedido «altura de miras» a los grupos políticos, en especial al PP, para aprobar la senda de estabilidad -el techo de gasto no se vota-, que todo apunta a que será rechazada en el Congreso la próxima semana dada la oposición de PP, Vox y Junts.
Si la senda se rechaza en dos ocasiones, ha recordado, las comunidades autónomas tendrán que cerrar en equilibrio, con lo que perderán una décima de margen que cifra en 5.485 millones de euros en el periodo 2026-2028.
Presupuestos «expansivos y responsables»
Montero ha defendido que la aprobación del techo de gasto y la senda de estabilidad constituye un «hito» de cara a la presentación de los presupuestos de 2026, que van a ser «expansivos y responsables», centrados en el refuerzo del estado del bienestar y el acceso a la vivienda.
En ese sentido, ha apuntado que los socios de Gobierno han acordado que tanto el techo de gasto como las partidas presupuestarias «lleven el ADN del Gobierno progresista», por lo que espera que los socios parlamentarios perciban las futuras cuentas «como una necesidad».
«No hay ni bloqueo ni parálisis», ha insistido, sino un avance «al que invitamos a sumarse a todos los grupos políticos» y por ello trabajan en un presupuesto «atractivo», con capacidad para extender derechos, al que nadie «se pueda resistir».
El Gobierno incluye previsiones de pobreza y desigualdad
El Gobierno ha incluido en el cuadro macroeconómico, que ahora pasa a denominarse cuadro económico, la evolución de tres indicadores de pobreza y desigualdad para demostrar que el crecimiento de la economía se está traduciendo en una mejora «del día a día» de los ciudadanos, ha explicado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Frente al análisis tradicional, que incluye proyecciones de producto interior bruto (PIB), empleo, tipos de interés o precio del barril de crudo, el Gobierno ha decidido hacer también previsiones de la tasa de riesgo de pobreza, la brecha entre el 20 % más rico y el 20 % más pobre, y el índice Gini, que mide el nivel de desigualdad.
La tasa de riesgo de pobreza mide la proporción de la población en hogares con ingresos por debajo del 60 % de la mediana, con un 19,6 % de la población en riesgo en 2024 y con la previsión de que esta tasa baje medio punto en 2028, al 19,1 %.
El índice Gini mide la desigualdad en la distribución de los ingresos de la población con una escala de 0 a 100, en la que cero representa una igualdad total y cien, la desigualdad total.
En España este indicador cerró 2024 en el 31,1, con la previsión de que se coloque en 30,5 en 2028, lo que sitúa al país en la franja intermedia de Europa, donde hay países como Bulgaria, con un 38,4, y otros por debajo del 24 como Eslovaquia, Eslovenia o la República Checa.
La ratio de desigualdad 80/20 cerró 2024 en 5,3, con la previsión de que baje a 5 en 2028, lo que significa que en la actualidad el 20 % de la población con los ingresos más altos gana 5,3 veces más que el 20 % con los ingresos más bajos.
