Sevilla (EFE).- La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha absuelto a los 16 acusados, entre ellos funcionarios y técnicos de la Administración autonómica, por el supuesto amaño del concurso internacional que adjudicó a la empresa México-Minorbis la explotación en la reserva minera de Aznalcóllar (Sevilla).
La decisión se produce tras el juicio celebrado durante 36 sesiones entre los meses de marzo y julio de este año, al considerar que no existen indicios de los delitos atribuidos y que se ha tratado de una acusación «infundada», según ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en un comunicado.
En la sentencia, notificada este viernes a las partes personadas, el tribunal los absuelve de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y medioambiental, malversación de caudales públicos, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios.
Asimismo, condena al pago de las costas a las tres acusaciones personadas -Emerita Resources, Ecologistas en Acción y Andalucía Mining- y critica «la injusticia y sinrazón de su posición» y el «perjuicio moral y económico» causado a los investigados.
El juicio, en el que la Fiscalía pidió la absolución de los acusados, sentó en el banquillo a 16 procesados, en su mayoría funcionarios de la Junta de Andalucía y técnicos que participaron en la mesa de contratación y la comisión técnica del proceso, entre ellos el que fuera presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, que dimitió por su vinculación en el caso.
Fernández era secretario general de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Andalucía cuando se adjudicó Aznalcóllar a México-Minorbis, un puesto jerárquicamente superior al de la persona encargada de resolver el concurso, la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio.
Las acusaciones veían la comisión de delito en la influencia de Fernández en sus subordinados y los componentes de la Mesa de Contratación a la hora de tomar su decisión.
Cabe interponer recurso de casación ante el Supremo
La causa, en la que también estuvieron procesados los empresarios Mario e Isidro López Magdaleno, se abrió en febrero de 2015 con la denuncia que interpuso Emerita Resources España, compañía que también optaba a la concesión de la mina, por supuestas irregularidades durante la tramitación del expediente y adjudicación.
El tribunal ha concluido que la Mesa de Contratación y la Comisión Técnica actuaron con imparcialidad y profesionalidad y las explicaciones dadas por sus miembros «desmienten cualquier atisbo de sometimiento a pautas espurias ajenas a las propiamente profesionales”.
“Ninguna prueba se ha practicado en las actuaciones que permita evidenciar dicha influencia respecto de los miembros de la Mesa y Comisión, ni una relación connivente para favorecer a la oferta Minorbis-Grupo México, no existiendo en la causa manifestación ni comentario alguno de testigos o acusados que permita llegar a esa conclusión”, sostiene el tribunal.
Contra la sentencia dictada por la Audiencia de Sevilla cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
