Madrid (EFE).- El Congreso de los Diputados bloqueará previsiblemente este jueves la misma senda de estabilidad 2026-2028 rechazada hace dos semanas, mientras que podría dar luz verde a la subida de sueldo a los funcionarios y a retrasar a 2027 la entrada en vigor del sistema contra el fraude fiscal Verifactu, en la última sesión plenaria del año.
La Cámara Baja debate este jueves por segunda vez la senda de estabilidad, que contiene los objetivos de déficit y deuda para el sector público y sus diferentes administraciones.
Pese a su previsible rechazo, la votación pondrá fin a los trámites previos a los presupuestos y dejará vía libre al Gobierno para presentar las cuentas de 2026.
Abstención del PP podría facilitar la subida salarial
Sin embargo, la situación es distinta en los otros dos decretos, puesto que una abstención del PP podría facilitar la subida salarial, mientras que los votos de Junts podrían permitir ratificar el retraso de Verifactu, uno de los compromisos a los que el Gobierno todavía no había accedido con el partido catalán.
Respecto a la senda del défict, el Gobierno ya llevó al Congreso una propuesta que fue rechazada con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, que criticaron que conducía a un aumento del gasto y, en el caso de la formación independentista, que fijaba un reparto del déficit injusto para comunidades autónomas y ayuntamientos.
La senda de estabilidad es un requisito previo a la elaboración de los presupuestos, que tienen que adaptarse a esos límites para garantizar que cumplen con las metas fiscales pactadas con Bruselas.
La pasada semana, en cumplimiento de la ley de estabilidad, el Gobierno volvió a aprobar la senda, aunque mantiene las mismas cifras que la primera, por lo que Junts podría volver a votar en contra si mantiene su ruptura con el Gobierno pese a los intentos de acercamiento del Ejecutivo.
Subida salarial y Verifactu
El Consejo de Ministros aprobó la pasada semana la subida salarial para la función pública del 2,5 % correspondiente a 2025 y del 1,5 % para 2026, año en el que podría incrementarse otro 0,5 % en función de la evolución de la inflación.
Esta aprobación incluiría abonar los atrasos desde el pasado 1 de enero, un pago que se haría efectivo en una nómina adicional este mes y afectaría a 540.000 empleados públicos.
El resto de las administraciones públicas tendrán que establecer el calendario de abono de los atrasos en el marco de la negociación sindical de cada ámbito, pudiéndo distribuirse durante los ejercicios de 2026, 2027 y 2028 o hacerse efectivo en diciembre de 2025, como hará el Gobierno para la Administración General del Estado (AGE).
Respecto al Verifactu, el Consejo de Ministros ratificó retrasar un año la entrada en vigor de este nuevo sistema de verificación de facturas, por el que cada factura genera un registro accesible para la Agencia Tributaria que no puede ser modificado ni borrado.
El objetivo de la AgenciaTributaria es luchar contra el fraude fiscal y potenciar la digitalización en los procesos de contabilidad de las empresas, además de que esas facturas sean auténticas y se pueda garantizar su trazabilidad a lo largo de todo el proceso.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió el pasado este retraso porque se pretendía «facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las empresas» y profesionales.
