La Paz (EFE).- Bolivia amaneció este jueves con incertidumbre, filas largas en las gasolineras y amenazas de protestas sociales tras el retiro de la subvención de los combustibles anunciado en la víspera por el presidente Rodrigo Paz, junto con otras medidas ante la crisis económica que vive el país en los últimos meses.
Las filas de vehículos en las estaciones de servicio se formaron desde la noche del miércoles, tan pronto Paz terminó de dar el mensaje televisado en el que anunció el decreto que levanta la subvención de combustibles como gasolinas y diésel, que en las últimas dos décadas se vendieron en precios subvencionados que rondaron los 0,53 dólares.
Las primeras reacciones contrarias a la medida surgieron entre los sindicatos de transportistas, como el Transporte Libre de La Paz, cuyo dirigente, Limbert Tancara, sostuvo que los conductores están «muy dolidos» y «lastimados» por el decreto 5503, que declaró la «emergencia económica y social» en el país».
Según Tancara, los chóferes decidieron subir el costo del pasaje del transporte público, de 2,40 a 5 bolivianos (de 0,34 a 0,71 dólares) en tramos cortos y de 3 a 6,50 bolivianos (0,43 a 0,93 dólares) en rutas largas, al igual que los taxis de ruta fija o ‘trufis’.
«Si el Gobierno retrocede en este decreto supremo, no va a haber ningún tipo de materialización de esta situación que estamos planteando», indicó Tancara y aseguró que su sector coordina con otros sindicatos para «hacer una manifestación conjunta» en contra de la norma «que atenta» contra «sectores populares».
Las medidas adoptadas por Rodrigo Paz
En otras regiones, los transportistas también anunciaron reuniones entre este jueves y el sábado para analizar las medidas gubernamentales, mientras que la Central Obrera Boliviana (COB) tendrá este viernes un encuentro «de emergencia» para analizar acciones contra lo que consideró un «gasolinazo».
En la víspera, Paz, que tomó juramento el pasado 8 de noviembre, aseguró que recibió un país con «la peor crisis económica, financiera, social y ambiental» de su historia, con un «déficit gigantesco, reservas internacionales agotadas» y un Estado «convertido en botín por bandidos que gobernaron para sí mismos y no para el pueblo boliviano».
El mandatario señaló que se declaró la «emergencia económica, financiera, energética y social porque Bolivia no podía seguir funcionando con normas de los últimos 20 años», de los Gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).
Entre otros, el decreto anunciado establece que la gasolina especial costará 6,96 bolivianos por litro, equivalente a un dólar, la gasolina premium estará a 11 bolivianos (1,58 dólares) y el litro de diésel a 9,80 bolivianos (1,40 dólares), y mantiene en 22,50 bolivianos (3,23 dólares) el coste de la garrafa o bombona de gas licuado de petróleo (GLP).
Paz también dispuso que desde enero, el salario mínimo nacional subirá un 20 %, de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares) y que el monto se revisará a finales del próximo año con base en los «datos reales de inflación» y mediante un diálogo con los trabajadores y empresarios privados.
La reacción desde la oposición
El exsenador del MAS y líder opositor Andrónico Rodríguez expresó en sus redes sociales su rechazo «contundente» a las medidas anunciadas por el Gobierno y consideró que «van a favor del poder y en contra del pueblo que menos tiene».
Mientras que el gobernador de la región oriental de Santa Cruz y aliado político de Paz, Luis Fernando Camacho, consideró que son medidas «difíciles pero necesarias» para que la economía boliviana «comience a recuperarse».
La importación de gasolina y diésel entre enero y octubre demandó un gasto de 2.358 millones de dólares, informó el privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) con base en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
La subvención de los carburantes anualmente representa un costo al Estado de más de 2.000 millones de dólares.
El vicepresidente y los partidos también rechazan la medida
Por su parte, el vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, y los jefes de bancada de la mayoría de los partidos con representación en el Legislativo también rechazaron el retiro de la subvención a los combustibles y consideraron que «no era el momento» para tomar esa medida.
Lara se reunió hoy con los representantes del gubernamental Partido Demócrata Cristiano (PDC), las alianzas opositoras Libre, APB Súmate y Popular, y asumieron una posición conjunta para rechazar «categóricamente» el decreto 5503 que dispone el retiro de la subvención a los combustibles, entre otras medidas para salir de la crisis económica que vive el país.
«Nosotros rechazamos esas medidas, consideramos que no era el momento de establecer este tipo de medidas que lo único que van a causar es más pobreza, más desempleo y la subida de los precios de la canasta familiar que va a afectar a los sectores más humildes», afirmó Lara en una declaración pública posterior al encuentro.
Los representantes del Movimiento al Socialismo (MAS) no participaron en la reunión, mientras que los de la alianza Unidad Nacional (UN), aliada de Paz, sí acudieron, pero decidieron apoyar la decisión del Ejecutivo.
Lara es uno de los principales críticos de las decisiones del Gobierno de Paz y en varias ocasiones ha denunciado que se lo margina de reuniones del gabinete de ministros y de otras que se desarrollan para asumir medidas importantes para el país.
