Madrid (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha archivado la investigación abierta por el apagón eléctrico ocurrido en la península el 28 de abril de 2025, al determinar que no existe «un mínimo indicio» de que se tratase de un «sabotaje terrorista».
Un día después del apagón que sorprendió a la España peninsular y Portugal y que dejó sin suministro eléctrico, durante horas, a millones de ciudadanos, el juez Calama -que esa semana estaba de guardia- acordó abrir una investigación por si pudiese tratarse de ciberterrorismo.
Fuera de la vía penal
Pero tras meses de investigación y una vez que ha recabado todos los informes técnicos solicitados a diversos organismos, el juez ha descartado «de forma absoluta la existencia de indicios que permitan inferir que el origen de los hechos investigados se encuentre en una acción de terrorismo informático».
Sí que infiere en el auto dictado este lunes que puede concurrir un conflicto de naturaleza eminentemente administrativo y/o civil relacionado con los distintos operadores que intervienen en la generación de la energía eléctrica, pero estos hechos, aclara el juez, ante la ausencia de cualquier indicio delictivo, deben quedar fuera de la vía penal, «máxime cuando existen otros mecanismos de solución».
No hay indicios que apunten a un ciberataque
En su resolución, el magistrado repasa cada uno de los informes sobre las causas del apagón que han llegado a su mesa, como el del Centro Criptológico Nacional, que no identificó «acciones cibernéticas dañinas» ni vio «indicios que apunten a un ciberataque de un grupo de cibercrimen, actores estado o grupos terroristas».
Una conclusión similar a la que llegó el Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE), que visitó cinco centros de control de las estaciones de generación del sistema eléctrico para analizar la información registrada e identificar la existencia de indicios que pudieran apuntar a una acción potencialmente dañina de carácter cibernético.
Tras su análisis, el MCCE no observó ningún ciberataque de grupo de cibercrimen, actores estado o grupos terroristas contra las infraestructuras.
Tampoco el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) lo detectó en los ocho informes que remitió a la Audiencia Nacional, que concluían la «no detección de ningún tipo de acción potencialmente dañina de carácter cibernético» que pudiese afectar a los centros de control auditados.
En el marco de la investigación, la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) hizo doce visitas a varios centros y tampoco obtuvo indicios de ningún tipo de ciberataque, añade el auto.
