Madrid (EFE).- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha advertido este martes de la brecha patrimonial de unos 23.638 euros entre los caseros y los inquilinos, que cuentan con una renta mediana de 28.810 euros frente a los 52.449 euros de los arrendadores, con una renta un 82 % superior.
Esta es la principal conclusión de un informe que trabaja el ministerio que dirige Pablo Bustinduy, miembro de Sumar, que ya anunció su rechazo al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de bonificar fiscalmente el 100 % del IRPF para los propietarios que no suban el precio del alquiler en 2026.
Esta bonificación fiscal compensará lo que ganarían los arrendadores si aumentaran ese alquiler en los 632.369 contratos que se deben renovar este 2026, que afectan a unos 1,6 millones de personas, explicó ayer Sánchez.
Sumar destaca la desigualdad existente
No obstante, fuentes de Sumar destacan la desigualdad existente entre inquilino y casero, según este informe, para reprobar una ayuda de la que se beneficiarían los arrendadores.
Según este avance del informe, que parte de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024 y del Panel de Hogares, Consumo asegura que en la Comunitat Valenciana, Extremadura, Murcia, Castilla-la Mancha, Galicia, Canarias, Cantabria y Asturias la renta de los caseros es ya el doble que la de los inquilinos.
Asimismo, subraya que de renovarse los contratos que expiran en 2026 y 2027 a precios de mercado, la brecha de ingresos entre los arrendadores y los inquilinos afectados por la renovación aumentaría en 2.216 euros de media en España, elevando la renta mediana de estos caseros hasta los 54.665 euros.
Medida «ineficaz» para atajar el problema de la vivienda
El informe excluye los datos de País Vasco y Navarra, dado que su situación no se recoge en el Panel de Hogares al tratarse de comunidades con régimen foral, así como los relativos a Cataluña por contar con zonas tensionadas que abarcan al 80 % de su población.
Sumar rechazó ayer esta propuesta de incentivos fiscales planteada en forma de real decreto-ley por tratarse, a su juicio, de una medida ineficaz para atajar el problema de la vivienda e injusta ante la diferencia de renta entre inquilinos y propietarios.
Del mismo modo, fuentes de Sumar recalcan que los datos muestran la necesidad de una intervención urgente del mercado de la vivienda y del alquiler que garantice el derecho a la vivienda de las personas inquilinas «y no una medida opcional a la que pueden adherirse unos propietarios sí y otros, no».
Gestha pide reestructurar los incentivos del IRPF en la vivienda
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) piden una mayor concreción de las nuevas medidas fiscales para el alquiler y reestructurar los incentivos en el IRPF para evitar distorsiones, al tiempo que subrayan que las medidas fiscales no son suficientes por sí solas para resolver el problema.
Gestha pide una reestructuración de los incentivos fiscales vigentes, teniendo en cuenta la bonificación del 90 % que actualmente se aplica a los propietarios que renuevan contratos reduciendo el precio, al menos, un 5 % en zonas tensionadas.
De no realizarse esta redefinición, los técnicos indican en un comunicado que podría percibirse que los propietarios que mantienen el precio obtienen más ventajas fiscales que aquellos que lo rebajan.
Los técnicos piensan que aún es pronto para evaluar el impacto de las bonificaciones vigentes en la contención de los precios, dado que las reducciones fiscales del 90 %, 70 %, 60 % y 50 % entraron en vigor en enero de 2024, siendo aplicadas por primera vez en la Renta 2024, por lo que opinan que aún no ha transcurrido un plazo suficiente para analizar su eficacia.
