Madrid (EFE).- El Gobierno ha creado oficinas de atención integral para facilitar la solicitud y tramitación de ayudas en las subdelegaciones del Gobierno en Huelva y Barcelona, las provincias con más personas afectadas por los recientes accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).
Así lo recoge el real decreto ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida que fue aprobado este martes por el Consejo de Ministros y que publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El objetivo es canalizar, informar y ayudar en la tramitación de indemnizaciones aprobadas por el Gobierno, además de prestar acompañamiento y apoyo administrativo a las familias afectadas, ha informado el Ministerio de Política Territorial en un comunicado.
Oficinas operativas desde este miércoles
La oficina de Huelva está operativa desde este miércoles en la Subdelegación, en la calle Berdigón, números 11 y 13, mientras que la oficina en Barcelona ha sido activada en la calle Bergara, número 12, planta baja.
Política Territorial habilitará también puntos de atención en las subdelegaciones del Gobierno de otras provincias donde residan personas afectadas.
Además, pondrá a disposición el servicio llamado La Administración Cerca de Ti, para que quienes no puedan desplazarse a las oficinas físicas puedan ser atendidos por personal de las subdelegaciones del Gobierno en su propio domicilio.
Paquete económico dotado de 20 millones de euros
El real decreto ley incluye un paquete económico dotado de 20 millones de euros que pretende acelerar la percepción de ayudas por parte de los afectados y evitar así las esperas propias de los procedimientos ordinarios de los seguros.
Por cada una de las 46 víctimas mortales en los recientes accidentes ferroviarios, el Gobierno abonará inmediatamente la cantidad de 72.121,46 euros en concepto de indemnización a fondo perdido, exenta de tributación, y la misma cuantía en concepto de anticipo de seguro.
En el caso de lesiones corporales, las ayudas se estructuran por niveles de gravedad, con importes que van desde un máximo de 84.141,7 euros, a un mínimo de 2.404,04 euros.
Trabajadores afectados por los accidentes
El real decreto ley también recoge que las personas trabajadoras que no pudieron acudir presencialmente a su puesto de trabajo o iniciar su prestación laboral con puntualidad como consecuencia de los accidentes ferroviarios o de las alteraciones del servicio no podrán ser sancionadas por la empresa ni sufrir perjuicio alguno en su relación laboral.
Estos trabajadores tendrán derecho a que las compañías ferroviarias les faciliten justificantes acreditativos de las incidencias que hayan provocado alteraciones en la prestación del servicio.
El citado real decreto ley entra hoy en vigor tras su publicación en el BOE.
