Madrid, 31 ene (EFE).- Las entidades sociales han alertado de la desprotección en la que quedan millones de personas en vulnerabilidad social con el rechazo esta semana del decreto ‘ómnibus’ que contempla medidas del escudo social que han mostrado su eficacia para frenar la pobreza y creen que se acentuará aún más la crisis de vivienda.
Aunque el debate se ha centrado en la actualización de las pensiones, el real decreto ley contempla la suspensión de los desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables sin alternativa habitacional, la prórroga del bono social eléctrico, así como la prohibición de cortar suministros de agua y energía en hogares vulnerables.
También, otras medidas de protección en el empleo y diversas actuaciones tributarias con impacto social.
Con la caída del decreto -por la mayoría en contra que suman PP, Vox y Junts- «quedan en el aire instrumentos que venían funcionando como escudo social para millones de personas» y supondrá «un grave retroceso en la protección del derecho a la vivienda, en un contexto de emergencia residencial», advierte la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN-ES).
Recuerda el impacto de esa votación «en un contexto de pobreza y exclusión aún muy elevado» al no prorrogar medidas clave frente a la pobreza energética, los desahucios y la pérdida de poder adquisitivo.
Más de 12 millones de personas en riesgo de pobreza
En España, el 25,8 % de la población, más de 12,5 millones de personas, se encuentra en riesgo de pobreza.
Según el informe Foessa, unos 4,6 millones de hogares sufren dificultades relacionadas con el acceso y el mantenimiento de la vivienda; 2,7 millones caen en pobreza severa tras pagar vivienda y suministros.
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza explica que medidas, como el escudo social, han incidido en la mejora de las cifras de exclusión social y pobreza en 2024, aunque siguen siendo muy elevadas y reflejan problemas estructurales que requieren políticas públicas estables y sostenidas en el tiempo.
Considera que la acción del estado tiene un impacto directo y medible en la reducción de la pobreza: en 2024, las transferencias públicas, incluidas las pensiones, permitieron reducir la tasa de pobreza del 42,6 % al 19,7 %. Eso evitó que 11,1 millones de personas permanecieran en situación de pobreza, señala la organización.
Por ello, retirar unas medidas «imprescindibles» para contener situaciones de emergencia social, especialmente en ámbitos como la vivienda y la energía, «debilitan la protección social», añade la coalición de ONG de la lucha contra la exclusión social, que pide a los partidos «priorizar los derechos y las necesidades de la ciudadanía frente a los bloqueos partidistas».
Deja a familias en la calle sin ninguna alternativa
El texto rechazado incluía la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
La medida, incluida dentro del escudo social, había conseguido detener uno de cada cuatro desahucios desde su puesta en marcha en 2020, en plena crisis por la covid.
«No se puede dejar a las familias en la calle, la administración ahora mismo no tiene alternativas para afrontar el drama social que se avecina», ha denunciado la plataforma #NiUnDesahucioMás, que agrupa a un centenar de entidades. Pide al Gobierno aprobar un nuevo decreto que dé cobertura jurídica clara a todos los lanzamientos, ampliando la protección a las familias vulnerables.
También decae la prohibición de los cortes de suministro de electricidad, agua y gas a los hogares en situación de vulnerabilidad, una medida que se había ido prorrogado desde 2020 y ampliado hace un mes, lamenta la Red estatal por el Derecho a la Energía (ReDE), formada por organizaciones que trabajan con hogares en situación de pobreza energética.
«Tendrá efectos inmediatos e impactos graves sobre miles de hogares que, a partir de ahora, vuelven a quedar expuestos a cortes de suministros», denuncia esta red a la que pertenecen la Alianza contra la Pobreza Energética, la Federación de Consumidores y Usuarios o Ecologistas en Acción, entre otras.
Incertidumbre en las pensiones
El real decreto contemplaba la revalorización de las pensiones contributivas para 2026 para preservar el poder adquisitivo de las personas mayores.
EAPN incide en que las pensiones siguen siendo uno de los principales factores de contención de la pobreza en la población de mayores, pero también en sus familias. Por ello, argumenta que cualquier retraso o bloqueo en su actualización incrementa la inseguridad económica.
Otra medida que decae es la garantía de continuidad del salario mínimo. En España, cerca de 2,5 millones de personas viven en situación de pobreza pese a tener empleo.
El rechazo del ‘ómnibus’ también implica que las ayudas por daños personales causados por los incendios forestales de 2025 y por la DANA de 2024 pierdan exenciones fiscales previstas, lo que puede incrementar la presión económica sobre hogares que ya sufren dificultades.
