Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife han firmado este viernes un convenio que garantiza una inversión en la capital tinerfeña de 115 millones para construir 263 viviendas y rehabilitar y regenerar otras edificiaciones.
En concreto, se van a comenzar a edificar este año 226 viviendas públicas que se pondrán en el mercado en régimen de alquiler en Cuevas Blancas y 37 en María Jiménez, según han detallado en rueda de prensa el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez.
Las viviendas de María Jiménez estarán terminadas al principio del año que viene y las de Cuevas Blancas a finales de 2027, han precisado los dirigentes, quienes se han quejado de la lentitud de este proceso que se puede alargar de media hasta siete años, lo que atribuyen a una ley nacional que no contempla la emergencia habitacional.
Según ha detallado el alcalde, la capital concentra actualmente cerca del 50 % de la vivienda pública que se construye en la isla, pese a representar en torno al 20 % de la población insular.
Asimismo, ha señalado que ya se están ejecutando varios proyectos de obra nueva y rehabilitación, entre ellos la construcción de 100 viviendas en el barrio de La Gallega, así como 20 viviendas en Valleseco que se podrán adjudicar a lo largo de este ejercicio.
El Gobierno cifró entre 6.000 y 7.000 las personas inscritas como demandantes de vivienda en Santa Cruz de Tenerife, aunque precisó que solo un tercio solicita vivienda pública en régimen de alquiler, otro tercio demanda vivienda protegida de promoción privada en alquiler y el resto en régimen de compraventa
Desde las tres administraciones, Gobierno, Cabildo y Ayuntamiento, se insistió en que uno de los principales obstáculos para acelerar la construcción es la normativa vigente, que obliga a seguir los mismos procedimientos administrativos para la vivienda pública que para cualquier otra edificación.
Por ello, han reclamado al Gobierno central que permita mecanismos excepcionales de contratación en situaciones de emergencia habitacional, pues, sin cambios legales, los procesos pueden prolongarse entre cinco y siete años desde la planificación hasta la entrega de llaves, lo que dificulta dar una respuesta rápida a la demanda social de vivienda.
También han destacado que este convenio forma parte de una política más amplia de vivienda en Santa Cruz de Tenerife, que incluye también la adquisición de promociones privadas para su conversión en vivienda pública, como las 20 viviendas compradas en Valleseco, así como actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana en distintos barrios del municipio.
En este ámbito, se recordó que actualmente están en marcha proyectos de rehabilitación energética y regeneración en zonas como Añaza, Los Gladiolos, Santa María del Mar, Barrio de la Salud, Ofra o García Escámez, que en conjunto suman más de 1.500 viviendas.
Fernando Clavijo defendió la necesidad de aumentar la oferta de vivienda como eje central de la política habitacional, mientras que Rosa Dávila subrayó que en los últimos dos años se han movilizado más de 180 millones de euros en políticas de vivienda en la isla, con más de 1.000 viviendas en distintos programas.
Ambos coincidieron en que, además del impulso a la vivienda pública, es necesario facilitar la construcción de vivienda protegida por parte del sector privado y adaptar la normativa para responder con mayor rapidez a la emergencia habitacional.
