Madrid (EFE).- Cientos de personas se han manifestado este domingo en Madrid para exigir la aprobación del «escudo social» que esta semana se debate en el Congreso y que incluye, entre otras medidas, la suspensión de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2026.
El pleno votará el próximo jueves el decreto-ley que prorroga hasta fin de año la moratoria de los desahucios de familias vulnerables y otras medidas del llamado «escudo social» y de índole fiscal y empresarial, una medida que previsiblemente será rechazada con la mayoría que suman el PP, Vox y Junts.
Las movilizaciones continuarán
La manifestación, convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha partido de la plaza Antón Martín y ha concluido en Sol, donde se ha leído un manifiesto.
Cientos de personas han participado en la marcha, que se ha desarrollado sin incidentes y en la que se han coreado lemas como «ni gente sin casa, ni casas sin gente», «sin luz, sin gas, el rey tendría que estar», «no vamos a parar, estamos defendiendo el escudo social», «pensionistas y estudiantes, unidos y adelante» y «ni un paso atrás, esta batalla la vamos a ganar».
El portavoz estatal de la Coespe en Madrid, Damián Rodríguez, ha explicado en declaraciones a EFE que van a proseguir con estas movilizaciones «de manera permanente» hasta que se dé luz verde al decreto, y ha lamentado que la derecha «no tiene ni corazón ni cabeza» y que «solamente tiene los ojos del dólar y de amasar dinero a espuertas».
En España casi cuatro millones y medio de personas pensionistas cobran menos de 1000 euros al mes, fundamentalmente con rostro de mujer, ha insistido el portavoz de la organización, al tiempo que ha pedido «que la pensión mínima se equipare con el salario mínimo interprofesional».
Ha remarcado que «el coste de la vida sube enormemente» y especialmente la vivienda, y si este decreto cae miles de personas podrían acabar en la calle, lo que provocaría «un estallido social incalculable».
Por su parte, el portavoz del sindicato de inquilinas, Fernando de los Santos, ha querido insistir en la unidad entre inquilinas, trabajadoras y pensionistas para proteger el escudo social que se va a votar esta semana en el Congreso y la revalorización de las pensiones.
No al enfrentamiento
«Nos han intentado enfrentar a pensionistas con personas trabajadoras, con personas que viven de alquiler, y rechazamos ese enfrentamiento, esto no es un conflicto intergeneracional, es un conflicto de clase», ha remarcado de los Santos.
A su juicio, la raíz del problema es la misma, tanto en el tema de las residencias de mayores como en los alquileres, ya que «son los mismos fondos, las mismas empresas, las mismas personas, las que están acaparando viviendas y privatizando las residencias».
El portavoz de CSI ha hecho hincapié en que «cobran unos precios por las camas en las residencias privadas que no se pueden pagar con las pensiones actuales y cobran unos alquileres que no se pueden pagar con los sueldos actuales».
Por ello, ha dejado claro que es necesaria una «revalorización de las pensiones, pero de la mano de ese escudo social que permita que no se produzcan desahucios», teniendo en cuenta que «más de 600.000 contratos de alquiler finalizan en el próximo año» y si no se hace nada podrían acabar en la calle.
