Madrid (EFE).- El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado este martes el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid contra once apartados de ocho artículos de la Ley estatal de Vivienda que entró en vigor en 2023 y que consideraba inconstitucionales.
El Gobierno madrileño reprochaba en su recurso «la invasión» de las competencias autonómicas y municipales, así como los artículos por los que la ley declara las zonas de mercado tensionado y obliga a los grandes tenedores a informar sobre las viviendas que tienen en esas zonas.
No obstante, el pleno resalta en la sentencia que el legislador estatal «goza de competencias para configurar a la vivienda como derecho subjetivo y delimitar el círculo de sus titulares, así como para extender la titularidad del derecho a los ciudadanos extranjeros».
El Constitucional destaca que es la cuarta vez que se pronuncia
El Constitucional destaca que esta es la cuarta ocasión en la que el organismo se pronuncia sobre la constitucionalidad de dicha norma estatal.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ramón Sáez, cuenta con el voto particular discrepante de los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y José María Macías, dentro de un organismo compuesto por doce miembros.
El texto subraya que el Estado «actúa en legítimo ejercicio de sus competencias al extender la titularidad del derecho de ‘todos los españoles’ a ‘todos los ciudadanos'», por lo que incluye a los extranjero residentes en España.
Asimismo, confirma la constitucionalidad del artículo 8 de esa ley, por lo que confirma que la vivienda puede ser configurada como un derecho subjetivo y que el legislador estatal tiene potestad para definir quiénes son sus titulares, bien en régimen de propiedad o en alquiler.
La Comunidad de Madrid anunció en julio de 2023 su intención de interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional por considerar que once apartados de ocho artículos de la norma se extralimitaban e invadían las competencias del Ejecutivo regional en materia de vivienda.
El consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, criticó entonces la excesiva regulación por parte del Estado en lo que se refiere al derecho a la vivienda, a la normativa en materia sobre protección pública o a la definición de las zonas de mercado residencial tensionado.
Según el Gobierno madrileño, la ley nacional invadía competencias del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.
