Madrid (EFE).- El pleno del Congreso, con la mayoría que suman el PP, Vox y Junts, ha derogado por segunda vez en un mes el decreto que prorroga la suspensión de los desahucios de familias vulnerables y otras medidas del llamado escudo social, como la prohibición de cortar los suministros básicos.
El decreto -que ha sido rechazado por 172 votos a favor, 177 en contra y una abstención (UPN)- incluye también otras medidas de diversa índole, como la congelación de las cuotas de los trabajadores autónomos, las ayudas fiscales para la compra de vehículos eléctricos y para los afectados por la dana y los incendios, así como la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y entidades locales en 2026.
Otras de las medidas que quedan sin efecto con la derogación de este decreto son la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas, la eliminación de la obligación de los perceptores de prestaciones por desempleo de presentar la declaración de la renta y la suspensión de la causa de disolución por pérdidas provocada por diversos acontecimientos naturales.
El PP, Vox y Junts han vuelto a votar, como hicieron hace un mes, con el argumento de que la moratoria antidesahucios protege la «okupación».
El Congreso convalida la subida de las pensiones para 2026
El pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado, con el único rechazo de Vox, el decreto ley que revaloriza las pensiones un 2,7 % con carácter general, que llega al 7 % en el caso de las mínimas y al 11,4 % para las no contributivas y el ingreso mínimo vital.
El decreto ha sido aprobado con los votos a favor de toda la Cámara, salvo Vox, y será tramitado como proyecto de ley, después de que el Gobierno volviera a traerlo a las Cortes de forma separada del decreto que incluye el escudo social.
Esta separación en dos decretos distintos se produjo después de que PP, Vox y Junts rechazaran en enero un decreto «ómnibus» que contenía todas esas medidas -más otras de índole fiscal y empresarial-, con el argumento de que la moratoria de los desahucios supone proteger la ‘okupación’.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido la revalorización porque es «una medida justa, urgente y necesaria para la estabilidad del sistema» y necesaria para los cerca de 13 de millones de pensiones y prestaciones.
«La actualización de las pensiones conforme al IPC es un derecho que garantiza la dignidad y el poder adquisitivo de los mayores y un compromiso del Gobierno con quienes contribuyeron al sistema de la Seguridad Social», ha dicho Saiz, quien ha apelado también a los jóvenes.
«Esto también va de fortalecer el sistema público de la Seguridad Social para que las siguientes generaciones encuentren la misma protección que hoy existe», ha añadido.
La norma incluye además la congelación en 2026 de las cotizaciones de los autónomos, así como la eliminación de la obligación de que los perceptores de prestaciones por desempleo tengan que presentar la declaración de la renta.
También la cotización adicional para que bomberos forestales y agentes medioambientales puedan anticipar su jubilación y la prórroga para que médicos de atención primaria, de familia y pediatras puedan compatibilizar el trabajo con el cobro de la pensión.
El decreto ley contempla asimismo la ampliación en diez años del plazo de cancelación de préstamos otorgados a la Seguridad Social, así como la actualización de la cotización por contingencias profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).
Rechazo a topar los precios de servicios esenciales en situaciones de emergencia
El pleno del Congreso ha rechazado, con los votos de PP, VOX y Junts, el decreto ley para topar los precios de productos y servicios esenciales en situaciones de emergencia, una norma que pretendía que ninguna empresa pueda «hacer caja a costa de la vulnerabilidad de la ciudadanía».
Así lo ha indicado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la defensa de este decreto que fue aprobado el pasado 10 de febrero en Consejo de Ministros para evitar subidas abusivas para los consumidores como las denunciadas tras el accidente de tren en Adamuz (Córdoba), que causó un aumento de precios en las aerolíneas.
El decreto ley ha contado con 177 votos en contra, los de PP, VOX y Junts; 172 a favor, los de PSOE, Sumar y los socios habituales del Gobierno; y la única abstención de UPN.
El ministro ha lamentado que con la oposición a esta medida «se estarían avalando prácticas abusivas e indefendibles y protegiendo a quienes buscan lucrarse sin escrúpulos», y ha querido insistir en que no afecta a los pequeños comerciantes, sino a algunas plataformas multinacionales que han subido los precios «de manera completamente impune» en las citadas situaciones.
El PP ha votado en contra porque este decreto, según ha explicado su diputada María Pilar Alía, «da vía libre (al Gobierno) para fijar precios en cualquier momento, y decidirán el principio y el fin», es decir, que el campo de acción «es muy amplio» y «eso es inquietante».
Vox también ha votado en contra de esta medida, ya que «vulnera la libertad de empresa» y «demoniza a sectores enteros de nuestra economía», ha dicho su diputado Carlos Flores, quien ha rechazado que los precios subieran tras el accidente tal y como había explicado previamente el ministro de Consumo, al que ha acusado de presentar ante el pleno un relato «lacrimógeno» y «el enésimo bulo».
Por su parte, el diputado de Junts Josep María Cruset ha rechazado la medida porque «no es el camino» para afrontar la necesidad de topar los precios en situaciones de emergencias y ha acusado al Gobierno de «falta de ética» y de «menospreciar a otras fuerzas políticas».
A su juicio, «querer intervenir el mercado» es «abusivo» y «temerario» y además «limita los derechos de los ciudadanos».
Los socios habituales del Gobierno votan sí
La diputada de PNV Idoia Sagastizabal ha considerado que esta norma «no acusa a ningún sector» y tampoco «obliga a nadie a vender a pérdidas», sino que pretende «aportar seguridad a la ciudadanía», mientras que Inés Ganollers, de ERC, ha insistido en que «el Estado no puede ser un simple espectador cuando el mercado aprovecha las tragedias para lucrarse de forma abusiva» y le ha pedido al Gobierno que actúe «con más valentía».
En este mismo sentido, la diputada de Bildu Marije Fullaonso ha remarcado que ésta es una medida «de protección social y no ideológica» y ha calificado de «ruin, mezquino y miserable» querer «multiplicar beneficios» en momentos de emergencia que «sin regulación» se convierten en «escenarios de desigualdad aun mayor».
«Hay momentos en los que no toca ganar más», ha dicho la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido, quien ha puesto como ejemplo su Comunidad y lo ocurrido tras la erupción del volcán de La Palma, con un encarecimiento de los alquileres y de otros servicios sin control.
También el diputado de BNG Néstor Rego ha hecho referencia a su comunidad, Galicia, y ha recordado las subidas de precio de los vuelos de Madrid a Galicia durante el verano, en plena ola de incendios. «Subieron de forma desorbitada» y algunos «hicieron negocio a costa de la desgracia de muchos», ha añadido.
Desde Podemos, su diputado Javier Sánchez ha considerado que el estado sí debe intervenir cuando hay situaciones que lo justifican, pero se ha preguntado por qué el Gobierno deja fuera, por ejemplo, la crisis de la vivienda.
El diputado de Sumar, Manuel Lago, ha acusado a VOX de «maldad con las personas que sufren» y de «servilismo con los poderosos» y ha insistido en que es el momento de que «la ley proteja a los consumidores» ante «los especuladores».
