Madrid (EFE).- Junts ha avanzado que este jueves votará en contra del decreto ley para topar los precios de productos y servicios en situaciones de emergencia, por lo que su aprobación en el pleno del Congreso dependerá de la posición de los populares, que por el momento no han adelantado el sentido de su voto.
La norma fue aprobada el pasado 10 de febrero en Consejo de Ministros y pretende evitar subidas abusivas para los consumidores como las denunciadas tras el accidente de tren en Adamuz (Córdoba), que causó un aumento de precios en las aerolíneas, o tras los incendios del pasado verano o la dana de Valencia.
Fuentes de Junts han confirmado su ‘no’ a este decreto y se han mostrado sorprendidos de que la propuesta no haya «revolucionado» al resto de partidos porque lo que pretende el Ejecutivo, a su juicio, es que se pueda poner un tope a los precios «sin límite temporal» y sin que tenga que contar con el apoyo de la Cámara en cada situación de emergencia, como venía sucediendo ahora.
Junts el decreto es «una salvajada»
Para Junts, este decreto es «una salvajada» que creen innecesaria porque estos topes para situaciones de emergencia ya se venían poniendo de manera puntual.
Así, han preguntado qué hay de nuevo en esta propuesta que, defienden, pretende hacer una transferencia de competencias al Consejo de Ministros «con características muy concretas: «sin límite temporal y sin control parlamentario».
Las mismas fuentes han justificado su ‘no’ porque, han explicado, han recibido la preocupación de algunos sectores de agricultores, como los productores de aceite, y les han alertado de que en una situación de sequía se podrían establecer topes a los precios de este producto.
Igualmente se han mostrado a favor de que el Ejecutivo presente este propuesta como proyecto de ley y los grupos puedan introducir enmiendas.
Junts registra su alternativa para desbloquear el escudo social
Junts ha registrado este jueves en el Congreso una iniciativa con sus propuestas para desbloquear la aprobación de las medidas del llamado decreto del escudo social, que previsiblemente serán hoy derogadas por segunda vez en un mes.
La iniciativa propone acabar con las medidas de suspensión generalizada de desahucios y plantea articular un procedimiento administrativo de urgencia con dotación presupuestaria suficiente para que, en estos casos de desahucio por falta de pago del alquiler de personas vulnerables, y de acuerdo con el artículo 22.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Estado pueda pagar la deuda pendiente.
Su objetivo es que la protección de la vulnerabilidad «sea asumida por la administración y en ningún caso por los particulares».
La proposición no de ley insta además al Gobierno a «asumir íntegramente el coste real de todas las decisiones adoptadas en ejercicio de sus competencias exclusivas» en materia de protección social.
En ese sentido defiende que el escudo social debe ser estructural, coherente y financieramente sostenible y que «cualquier ampliación de derechos sociales incorpore la suficiente financiación».
En el ámbito energético, Junts propone suprimir a todos los efectos el gravamen del 7 % sobre el valor de la producción de energía eléctrica para reducir la factura que pagan las familias.
