Nueva York (EFE).- Una coalición de 24 fiscales generales presentó este jueves una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU., con sede en Nueva York, para que declare ilegal el arancel global del 15 % impuesto por la Administración del presidente Donald Trump, después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. considerara inconstitucional su política de aranceles.
Los fiscales indicaron en una conferencia de prensa que los gravámenes no cumplen los requisitos de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que el Gobierno de Trump invocó, y violan la protección constitucional de la separación de poderes.
Argumentaron que ningún presidente ha intentado jamás imponer aranceles utilizando la Sección 122, diseñada específicamente para permitir aranceles limitados en determinadas crisis monetarias, incluyendo un déficit significativo de balanza de pagos, un problema económico específico que puede ocurrir en un sistema de tipo de cambio fijo como el patrón oro.
La controversia frente a los aranceles de Trump
Sin embargo, EE.UU. abandonó dicho sistema de cambio hace medio siglo y, como resultado, los problemas de balanza de pagos ya no ocurren, destacaron.
«Es un estatuto arcaico que nunca fue concebido para el propósito actual que le da la Administración Trump», afirmó el fiscal general de Oregón, Dan Rayfield.
Los fiscales afirman en el documento legal que el mandatario está usurpando poderes, ya que la autoridad para imponer aranceles corresponde al Congreso.
«La Constitución asigna al Congreso, no al presidente, el ‘Poder de establecer y recaudar impuestos, aranceles, derechos y arbitrios'», señaló el documento, en el que además recuerdan al tribunal que durante más de un año de su mandato Trump ha impuesto, modificado, aumentado y suspendido aranceles mediante órdenes ejecutivas, memorandos, publicaciones en redes sociales y decretos de agencias, sin contar con la autoridad legal para hacerlo.
«Ilegal»
El fiscal general de California, Rob Bonta, indicó que, en lugar de aceptar la decisión del más alto tribunal del país, Trump «recurrió inmediatamente a una ley diferente, una que nunca se había utilizado para imponer aranceles en la historia de Estados Unidos».
En este sentido, la demanda, liderada por los fiscales de Nueva York, California y Oregón, señala que el intento del presidente de usar la Sección 122 «es tan ilegal» como el recurso a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), declarada inconstitucional por el Supremo.
«El presidente ha dejado claro que impondrá aranceles mundiales por cualquier medio necesario. Hasta el mes pasado era la IEEPA, ahora es la Sección 122, pero la política es la misma: un ejercicio del poder ejecutivo desenfrenado en un intento de usurpar el poder tributario que la Constitución otorga al Congreso», reiteraron en el documento de 35 páginas.
«Más caos económico»
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, señaló por su parte que, con los nuevos aranceles, el presidente está provocando «más caos económico» y esperando que los estadounidenses paguen la factura.
De acuerdo con el fiscal general de Connecticut, William Tong, un análisis reciente realizado por investigadores del Banco de la Reserva Federal de Nueva York concluyó que casi el 90% del costo de los aranceles en 2025 fue pagado por los consumidores y las empresas estadounidenses.
Al imponer una nueva ronda de aumentos de precios a los consumidores y a las empresas estadounidenses, «el presidente Trump redobla la apuesta por políticas económicas fallidas», afirmó.
La demanda, a la que además se unieron los gobernadores de Kentucky y Pensilvania, busca que el tribunal ordene al Gobierno federal emitir reembolsos a los estados por los costos arancelarios que pagaron como resultado de la proclamación del presidente.
