Caracas (EFE).- La llegada del secretario de Interior de EE.UU., Doug Burgum, a Venezuela para impulsar un plan de inversiones extranjeras en los ricos yacimientos del país petrolero ha abierto un nuevo flanco en la estrategia económica del Gobierno de Donald Trump, que ha convertido al Arco Minero del Orinoco en una zona de potencial interés.
Burgum se convirtió el miércoles en el segundo integrante del gabinete de Trump, después de su colega de Energía, Chris Wright, en visitar Venezuela tras la operación militar del 3 de enero, en la que fue capturado Nicolás Maduro y tras la cual asumió Delcy Rodríguez como presienta encargada.
El funcionario viajó acompañado por empresarios atraídos por la importante actividad minera que se concentra en el sur del país, donde, según expertos y organizaciones independientes, la explotación legal se mezcla con la informal en medio de la presencia de grupos armados.
El Arco Minero y sus yacimientos
Con una extensión de 111.843,70 kilómetros cuadrados, en febrero de 2016 el entonces gobernante Nicolás Maduro decretó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO), en el estado Bolívar, el más grande de Venezuela y que limita con Brasil y Guyana.
Su extensión territorial es mayor que la de Portugal (92.212 km2 ), de Cuba (109.212 km2) y Panamá (79.569 km2), al tiempo que constituye el 12,2 % de toda Venezuela, explica Luis Palacios en el artículo ‘Arco Minero del Orinoco: Un crimen ambiental con efectos globales’, publicado en un blog de la escuela de derecho del Lewis & Clark College de EE.UU.
En esta región predominan bauxita, tierras raras, hierro, oro, cobre, caolín, dolomita y coltán, según el Plan Sectorial Minero 2019-2025 elaborado por el Gobierno de Maduro para explotar la zona.
Área protegida y hogar de nativos
La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) señala en su web que en el área donde se estableció el Arco Minero se encuentran los parques nacionales Canaima -que alberga el Salto Ángel, la caída de agua más alta de mundo, con de 979 metros de altura- y Jaua-Sarisariñama.
También abarca la Reserva Forestal del Caura, la Reserva de Biosfera del Delta del Orinoco, así como los monumentos naturales Ichun-Guanacoco, Cerro Guiquinima y la zona protectora del estado Bolívar.
De igual forma, alberga, según Provea, los territorios ancestrales y tradicionales de los pueblos indígenas warao, akawayo, eñepa, pumé, mapoyo, kari’ña, arawak, wõtjῧjã (piaroa), pemón, ye’kwana y sanɨma.
Riqueza y violencia
La organización independiente International Crisis Group advierte en su informe ‘La maldición del oro: Minería y violencia en el sur de Venezuela’ que «desde hace dos décadas hay extensa minería de oro ilícita en el sur de Venezuela» que, agrega, ha «crecido rápidamente en los últimos diez años, a medida que grupos criminales y guerrillas han tomado el control de amplias zonas de los estados Bolívar y Amazonas».
Desde aventureros brasileños y colombianos que llegaron en los 2000 al estado Amazonas, pasando por guerrillas como la extinta FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) -que hicieron su aparición en 2010-, hasta organizaciones criminales venezolanas, los yacimientos de oro y depósitos de otros minerales han sido motivo de competencia entre grupos armados, detalla esa organización.
A las guerrillas se les señala de reclutar jóvenes, en particular de las comunidades indígenas.
En 2018, el entonces diputado opositor Américo De Grazia denunció que el Gobierno de Maduro utilizaba a miembros del ELN «como factores de recaudación de oro» en actividades «ilícitas» con pequeños mineros que no cuentan con permisos de explotación, en los estado de Amazonas y de Bolívar.
Por su parte, el grupo de investigación SOSOrinoco advierte en su web que bandas delincuenciales locales y extranjeras actúan como «entes operadores encargados del control territorial de las minas» y son «quienes supervisan y fiscalizan a los mineros».
Muertes
En marzo de 2016, al menos 17 mineros fueron asesinados en los yacimientos de la localidad de Tumeremo, en lo que ha sido denominado como la ‘masacre de Tumeremo’.
El hecho se le atribuyó a una banda presuntamente liderada por el ciudadano ecuatoriano Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias «el Topo», quien murió en mayo de ese año en un operativo policial.
El entonces defensor del pueblo, Tarek Willian Saab, dijo, citando a testigos y la forma de actuar de Ulloa, que el móvil fue el «control territorial de un lugar muy rico en oro, en diamantes, en minerales».
Sanciones
Como parte de la presión contra el Gobierno de Maduro, Estados Unidos impuso sanciones desde 2018 a la producción de oro en Venezuela, apunta Crisis Group. Las medidas, añade, se levantaron temporalmente en 2023, pero se reactivaron en enero de 2024, fecha en la que se prohibió la compra de ese metal a la empresa minera estatal Minerven o a sus filiales.
Este viernes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió la licencia general 51, que permite a empresas estadounidenses comprar, transportar y revender oro de origen venezolano, incluso en operaciones que involucren al Gobierno de Venezuela o a Minerven.
