Madrid (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, considera que junto a un política fiscal «para amortiguar las tensiones» en el ámbito energético derivadas de la guerra en Oriente Medio, hay que «avanzar» hacia una regulación de los márgenes de beneficio de las grandes empresas.
De esta forma se ha pronunciado el ministro en el acto ‘Tus derechos no se rebajan, se defienden’ celebrado este lunes en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid, con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor.
Tras subrayar que el Gobierno aprobará el próximo viernes «las primeras medidas de protección para los consumidores, familias y trabajadores» frente a las consecuencias económicas de la guerra «ilegal» en Irán, el ministro ha dicho que es «absolutamente imprescindible» recuperar un escudo energético e incorporar medidas de vivienda en ese plan anticrisis.
«Estas medidas deben salir adelante, acompañadas de un cambio de paradigma que no solo actúe por medio de la política fiscal para poder amortiguar y acolchar algunas de las tensiones más evidentes en el ámbito energético, sino que también debemos avanzar hacia una regulación de los márgenes de beneficio por parte de las grandes corporaciones», ha manifestado.
Indefensión de los consumidores más vulnerables
Y ello, ha añadido, para asegurar que las medidas de política fiscal «realmente lleguen a sus destinatarios» y que «una situación de shock como la que estamos empezando a atravesar» no se convierta en una oportunidad para que los grandes operadores del mercado obtengan beneficios extraordinarios.
Bustinduy ha reconocido los desafíos que se acumulan en el momento actual y ha opinado que, junto «a la incertidumbre y los shocks geopolíticos», el desarrollo tecnológico también puede conducir a una situación de indefensión para los consumidores más vulnerables.
En ese sentido, ha apostado por desarrollar políticas públicas que puedan asegurar «nada más y nada menos» que la igualdad de derechos y de oportunidades.
«Frente a todos los desarrollos tecnológicos debemos contar con herramientas suficientes por parte de los poderes públicos para poder asegurar que no se producen situaciones de asimetría o de abuso, que al final repercuten en unas condiciones de vulnerabilidad mayor», ha concluido.
