Madrid (EFE).- El sindicato Comisiones Obreras ha presentado una denuncia contra la plataforma de reparto Glovo ante la Audiencia Nacional por el despido «masivo» de trabajadores que la empresa está ejecutando, y que considera un «ERE encubierto».
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha acusado este jueves a la empresa de llevar a cabo un «despido masivo, superando con creces los 30 despidos en los últimos 90 días, que requieren la presentación oficial de un expediente regulador de empleo (ERE) justificado y negociado» con los representantes de los trabajadores.
Se trata de la «enésima estrategia que Glovo está siguiendo para desprenderse de su responsabilidad; está queriendo imputar a la plantilla su nefasta gestión empresarial, que provoca una pérdida de cuota de mercado, y busca un modelo de utilización de trabajadores de usar y tirar en función del volumen de pedidos», según un comunicado del sindicato.
Problemas ajenos a empleados para despidos disciplinarios
Comisiones ha denunciado que se están imputando problemas ajenos a los empleados para justificar despidos disciplinarios, como en los casos en los que Glovo está alegando tiempos de espera excesivos y ausencias en días de alerta climatológica de nivel rojo.
Si gana el juicio, el sindicato intentará que se anulen esos despidos disciplinarios y la readmisión de esas personas, a las que se deberán abonar los salarios de tramitación.
Además del uso «interesado» de esos despidos, CCOO ha criticado el uso del «periodo de prueba de un mes como salvaguarda de contratación temporal encubierta», ya que supuestamente se alega que este no ha sido superado en la mayor parte de las nuevas contrataciones.
Externalización de la plantilla
El sindicato estudia, además, acudir a los tribunales para denunciar la externalización de la plantilla a través de «numerosas empresas fantasma» consideradas flotas por parte de Glovo y que, a juicio de Comisiones, suponen una cesión ilegal de trabajadores.
El pasado 11 de marzo, la empresa anunció un ERE que afectará a unos 750 repartidores de toda España, tras asegurar que se ha visto obligada a reducir su servicio en diferentes provincias para «evitar su cierre».
La reestructuración llega menos de un año después de que la compañía pasara a contratar a sus repartidores para adaptarse a la ley «rider», por lo que en julio pasado empezó con un modelo «100 % laboral», con más de 14.000 repartidores contratados directamente, según señalaron entonces fuentes de la compañía a EFE.
