Madrid (EFE).- Casi tres de cada cuatro españoles (el 73,6 %) están a favor de la prórroga de dos años para los contratos de alquiler, incluida en el decreto ley que tiene que convalidarse el 28 de abril en el Congreso, según estudio del Ateneo del Dato financiado por el grupo La Izquierda del Parlamento Europeo.
El estudio, encargado por la eurodiputada de Sumar Estrella Galán, indica que el 93,4 % de los encuestados considera que los alquileres tienen precios altos o muy altos, independientemente de si son inquilinos o propietarios; y que casi la mitad se replantearía su voto si su partido se opusiera a esta medida, incluido un tercio de los votantes del PP y de VOX.
Los que más la respaldan son los votantes de Sumar
Los resultados muestran el porcentaje de apoyo que tiene esta prórroga entre los votantes de los diferentes partidos, de forma que los que más la respaldan son los votantes de Sumar (un 91 %) y los del PSOE (un 81 %), aunque destaca también el apoyo mayoritario que tiene entre los votantes del PP (un 65 %) y de Vox (un 60 %).
Asimismo, el estudio analiza la predisposición a replantearse el voto en caso de que el partido apoyado se oponga a esta medida en el Congreso y un 48,7 % afirma que lo haría «mucho» o «bastante».
Entre los votantes del PP esta cifra se sitúa en torno al 32 % y entre los de Vox en torno al 36 %.
Por otra parte, la encuesta refleja que nueve de cada diez españoles (el 93,4 %) consideran que los alquileres tienen precios altos o muy altos, una percepción que, según este estudio, es compartida tanto por aquellos que son inquilinos (95,5 %) como por quienes son propietarios (92,9 %), tanto aquellos que tienen hipoteca como los que no.
Además, un 48,6 % de los encuestados reconoce que ellos mismos o alguien de su entorno ha cambiado de vivienda en los últimos años por la subida de la renta o la no renovación del contrato, y un 81,4 % cree que, al finalizar un contrato de arrendamiento, los precios de los alquileres subirán o no se ofrecerá la posibilidad de renovar el contrato.
La encuesta fue realizada entre el 10 y el 16 de abril, cuando la prórroga ya estaba en vigor y, según Sumar, miles de inquilinos ya la habían solicitado por burofax, con una muestra de 2.200 personas.
Bustinduy pide a la derecha que reconsidere su posición
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmado este lunes que, con estos datos, «queda patente que la inmensa mayoría de la ciudadanía española, en un consenso transversal que va de izquierda a derecha, porque ese apoyo es abrumadoramente mayoritario entre los votantes del PP, incluso de la ultraderecha, apoyan una medida que es de interés general y de sentido común».
En esa línea, ha augurado, en declaraciones en su Ministerio, un «enorme coste político» a los partidos que, en la votación del decreto ley en el Congreso, el próximo 28 de abril, «decidan ponerse del lado de los grandes fondos financieros y las grandes inmobiliarias, en lugar del lado de los inquilinos», por lo que les ha pedido que reconsideren su posición.
«Conmino una vez más a todos los grupos parlamentarios, y les tendemos la mano, para que reconsideren su postura y no voten en contra de los españoles y no pongan por delante los intereses de un puñado de operadores financieros que están obteniendo un lucro desmedido a costa del derecho a la vivienda de los españoles», ha reclamado.
«Clamor social» a favor de la prórroga
A su juicio, existe un «clamor social» a favor de la prórroga, que confía en que se acabe imponiendo, por su transversalidad a todos los partidos políticos y porque las encuestas demuestran, en su opinión, que «cuanto más se conoce, más apoyo tiene de gente todas las orientaciones políticas».
Aunque no existen datos sobre las solicitudes de prórroga que se han formulado al amparo del decreto ley, el ministro ha asegurado que, en función de las descargas de formularios que ha habido, de visitas a las web informativas y de consultas a sindicatos y organizaciones de consumidores, se ha producido una «avalancha» de peticiones, todas ellas «válidas» y «obligatorias» para los caseros, según el ministro.
