Vitoria (EFE).- Un juzgado de Vitoria ha declarado a siete sociedades del grupo Tubos Reunidos en concurso voluntario de acreedores. Además, ha nombrado como administrador concursal a PKF Attest Concursal S.L.P., una firma que tiene oficina en la capital alavesa.
Esta declaración se hace efectiva en dos autos de la plaza número 7 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Vitoria, con competencias en Mercantil.
En uno de ellos se declara conjuntamente en concurso a Tubos Reunidos Group S.L.U., que tiene plantas en Amurrio y Trapagaran, y a Tubos Reunidos Premium Threads S.L., con un centro en Iruña de Oca.
En el otro auto, la titular del juzgado declara conjuntamente en concurso de acreedores a Tubos Reunidos Services S.L.U., Aplicaciones Tubulares S.L.U., Tubos Reunidos GMBH (Alemania), Tubos Reunidos América INC (EE.UU) y RDT INC (EE.UU).
PKF ha gestionado otros procesos
En ambos casos, el juzgado ha nombrado administrador concursal a PKF Attest Concursal S.L.P., con oficinas en 12 puntos de España, incluida Vitoria.
PKF ha gestionado procesos de otras empresas vascas en dificultades como La Naval de Sestao, Astilleros Balenciaga o la vitoriana Bacalao Giraldo.
A partir de ahora, en el caso de las siete sociedades con el concurso aceptado, se abre un llamamiento a los acreedores de Tubos para que pongan en conocimiento de la administración concursal la existencia de sus créditos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la declaración de concurso en el Boletín Oficial del Estado.
El administrador de la cabecera, a propuesta de la CNMV
La excepción es la cabecera del grupo, Tubos Reunidos S.A., que cotiza en bolsa. Por ello el juzgado, antes de declarar el concurso, debe solicitar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que le presente una terna de administradores concursales para que el juez mercantil designe uno.
La titular del citado juzgado ya ha remitido también un oficio a la CNMV con esta solicitud de terna.
Tubos Reunidos, que perdió 118 millones el año pasado, arrastra una deuda financiera de 263 millones, de los que unos 150 se los debe a la SEPI por un préstamo recibido tras el covid.
La dirección de Tubos Reunidos ya ha avisado de que la situación es muy complicada y que si no se generan las condiciones necesarias para que alguien esté dispuesto a invertir, el concurso de acreedores podría conducir al cese de la actividad y a la extinción de todos los contratos de trabajo.
Son 1.300 operarios en todo el grupo, de los 870 están en la planta principal, en Amurrio, actualmente en huelga indefinida.
