Santiago de Chile (EFE).- La controvertida megarreforma del presidente de Chile, José Antonio Kast, avanzó este miércoles al Senado luego de que la Cámara de Diputados aprobó la gran mayoría de las medidas incluidas en el proyecto de ley, entre ellas la rebaja del impuesto corporativo o la invariabilidad tributaria para grandes inversiones.
Bautizada como ‘Proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social’, la megarreforma fue aprobada tras una sesión tensa, en la que hubo cruces entre la oposición de izquierdas y los partidos del Gobierno, compuesto por una coalición entre la ultraderecha y la derecha tradicional.
«El Gobierno está demostrando que es capaz de escuchar, que es capaz de recibir propuestas, que es capaz de generar mayorías, y esas mayorías, hoy día, nos han permitido, con una amplia votación, seguir y continuar este proyecto en el Senado», dijo el vocero y ministro del Interior, Claudio Alvarado.
La sesión arrancó con la votación «en general» del proyecto, en la que los diputados acordaron por 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención empezar a discutir la megarreforma, que contempla normas económicas, tributarias, laborales, ambientales y de reconstrucción de viviendas para los damnificados de los incendios forestales de las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío.
La decisión pasa al Senado
Considerado el proyecto económico estrella de Kast, la iniciativa contó con los votos oficialistas y los sufragios del Partido de la Gente (PPG), una formación heterogénea de carácter populista que tiene un rol bisagra en el Parlamento, donde el Ejecutivo no cuenta con mayoría.
Posteriormente, los diputados votaron artículo por artículo y dieron luz verde a la gran mayoría de las 40 medidas incluidas en el proyecto, aunque la relación de votos no se mantuvo siempre.
En los próximos días, se debatirá en el Senado, donde hay equilibrio de fuerzas y el PDG tiene poca incidencia.
«La reforma para los superricos»
El corazón de la megarreforma, con la que el Gobierno busca impulsar el decaído crecimiento económico e impulsar el empleo formal, es una bajada gradual del impuesto a las empresas del 27 al 23 %.
También avanzaron otras medidas clave como la exención transitoria de IVA a la venta de viviendas nuevas, la eliminación del pago de un impuesto para propietarios de su primera vivienda mayores de 65 años, la invariabilidad tributaria por hasta 25 años para grandes inversiones o una ventana de 12 meses para repatriar capitales desde el extranjero con el pago de un impuesto.
La oposición de izquierda, que denuncia que la megarreforma solo beneficiará a los ricos, presentó varias «reservas de inconstitucionalidad», al considerar que algunas medidas violan la Constitución, como la invariabilidad tributaria.
«Hoy pierden las familias chilenas. La aprobación de la reforma para los superricos es un tremendo retroceso para Chile», indicó Constanza Martínez, presidenta del izquierdista Frente Amplio, la formación del expresidente Gabriel Boric (2022-2026).
Un alivio para las estrategias de Gobierno de Kast
El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, apuntó en la misma línea y aseguró que «beneficia a los dueños de las grandes empresas».
«Este es un proyecto que no genera empleo, ni crecimiento, ni desarrollo. Lo que hace, en voces de los técnicos, es profundizar el déficit fiscal, empujar la deuda pública y, con ello, los recortes sociales», subrayó por su parte el socialista Daniel Manouchehri, en referencia a un informe negativo que el estatal Consejo Fiscal Autónomo emitió recientemente.
La aprobación en la Cámara de Diputados supone un alivio para el Gobierno en momento de desgaste para Kast, cuya aprobación ha caído en las encuestas y quien horas antes realizó su primer cambio de gabinete poco después de dos meses de llegar al poder.
Alertas del CFA y del FMI
Presentado al país como ley de «Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social», el texto recibió tras su ingreso al Congreso Nacional observaciones del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), entidad a cargo de supervisar la sostenibilidad de las finanzas públicas, y del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El CFA, creado en 2019, señaló que el proyecto «un impacto fiscal neto negativo», en tanto que el FMI advirtió que se trata de un plan ambicioso que requiere esfuerzos para «alcanzar las metas de déficit y deuda».
El Gobierno aspira a que la reforma se despache antes de septiembre para presentar sus primeros presupuestos a finales de año.
