Madrid (EFE).- El ingreso mínimo vital (IMV) cumple este viernes seis años desde su aprobación como decreto ley en Consejo de Ministros con un total de 846.454 prestaciones en la nómina de abril para hogares en los que conviven 2.583.014 personas, de las que cuatro de cada diez son menores.
La cuantía media es de 540,6 euros mensuales por hogar, de los que siete de cada diez tienen menores y 142.000 son monoparentales.
Las familias que pidan el IMV deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, al no disponer de ingresos o patrimonio suficientes, y haber residido en España de forma legal, efectiva y continuada durante al menos el año anterior.
La protección alcanzada seis años después era la meta inicial con la que se planteó una ayuda que pretendía llegar desde el principio a 850.000 hogares y 2,3 millones de personas, si bien su puesta en marcha reveló que muchos posibles beneficiarios no la pedían, una situación que todavía persiste y que ha llevado a abordar sucesivos cambios en su diseño.
El IMV
El IMV, una renta reclamada durante años por los sindicatos y otras entidades del tercer sector, formó parte del programa del Gobierno de coalición PSOE-Podemos, pero su diseño no se aceleró hasta el estallido de la pandemia.
La presión del entonces vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, fue decisiva para su rápida aprobación, dado que la parte socialista del Ejecutivo prefería abordar un diseño más minucioso que llegaría posteriormente (en marzo de 2021) con un proyecto de ley que introdujo mejoras a la prestación, como el complemento de ayuda a la infancia.
Su entrada en vigor generó un atasco de solicitudes en un momento complicado en el que los funcionarios de la administración pública teletrabajaban y tenían una sobrecarga de tareas por todas las ayudas que se habían aprobado para sostener a un país en confinamiento.
El primer pago llegó a finales de junio de 2020 a 74.119 hogares con un desembolso de 32 millones de euros, si bien el proyecto contaba con 3.000 millones de presupuesto.
En sus años de vigencia, el IMV ha protegido a más de 3,6 millones de personas y ha consolidado un marcado perfil femenino, ya que son mujeres el 68 % de los titulares y el 53,4 % de los beneficiarios.
Fallos del sistema
En su último informe sobre el IMV, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) calculó que solo llega al 21,3 % de los hogares en riesgo de pobreza, aunque su diseño permitiría alcanzar el 54,6 %.
El balance es positivo porque ha conseguido reducir en un 30 % la brecha de pobreza -medida como la distancia entre los ingresos de los hogares y el umbral de pobreza-, aunque su impacto sobre la tasa de pobreza ha sido de solo del 9,5 %.
El coste anual de esta medida, según sus cálculos, asciende a 3.106 millones de euros, cifra que de alcanzar todo su potencial aumentaría a 6.145 millones anuales.
El Tribunal de Cuentas concluyó el año pasado en su informe de fiscalización del IMV del ejercicio 2023 que «adolece de importantes deficiencias en su diseño», de forma que solo lo reciben un 40 % de los potenciales beneficiarios.
El informe explica que, aunque el IMV constituye «la medida más potente de lucha contra la pobreza existente en nuestro país», su diseño «carece de una vinculación real con las principales estrategias estatales que se orientan a la lucha contra la pobreza y exclusión social».
El Tribunal recomendó estudiar que se adapte «a los diferentes niveles de ingresos y coste de vida existentes en las distintas comunidades autónomas» y combinar las ayudas monetarias con otras como las relativas a la nutrición o la atención a la infancia, así como corregir errores en el incentivo al empleo.
