Nueva York (EFE).- Un grupo de propietarios de Nueva York acudieron este miércoles a los tribunales para intentar anular la congelación del alquiler de un millón de viviendas reguladas, argumentando que se trató de una decisión «arbitraria» e «influida» por el alcalde, el demócrata Zohran Mamdani, quien prometió esa medida en su campaña.
Cinco entidades que poseen y gestionan ocho edificios de apartamentos regulados con renta estabilizada demandaron al Rent Guidelines Board (RGB), el organismo público que este pasado junio aprobó por mayoría congelar esos alquileres, y reclamaron documentación y una audiencia sobre su proceso de decisión, que alegan que no fue «independiente».
Según alegan en el texto legal, Mamdani «hizo esfuerzos extraordinarios para llenar el RGB de fieles y luego gastó millones de los fondos de la ciudad para llenar las audiencias del RGB de activistas por los inquilinos», además de organizar una charla para el organismo sobre «el verdadero coste de la vida en Nueva York«.
EFE/EPA/Justin Lane
La congelación de alquileres en Nueva York
«Para cumplir con los deseos del alcalde, el RGB convirtió en una burla su mandato legal, recurriendo a múltiples manipulaciones de sus propios datos para intentar justificar este resultado irracional. Y todo esto ocurre en medio de una inflación descontrolada y costos en aumento que los propietarios en dificultades tendrán que asumir para poder sobrevivir», agregan.
Los demandantes están representados por el abogado Randy Mastro, un antiguo fiscal federal que fue vicealcalde en los mandatos del demócrata moderado Eric Adams y el republicano Rudy Giuliani, y ha trabajado en casos de alto perfil, entre ellos la demanda de inversores afectados por la expropiación de YPF en Argentina, que se juzgó en Nueva York.
EPA/Andrew Kelly
Los propietarios de viviendas reguladas se han opuesto habitualmente a la congelación de los alquileres, y la última vez que se aprobó esa medida, en 2016, durante el mandato del demócrata Bill de Blasio, interpusieron sin éxito una demanda en la que consideraban incorrecto que el RGB tuviera en cuenta la asequibilidad para los inquilinos, según The Wall Street Journal.
