Nueva York (EFE).- Dos pequeñas empresas estadounidenses demandaron este viernes al Gobierno de Estados Unidos por los nuevos aranceles aprobados por el presidente Donald Trump, de entre el 10 y el 12,5 %, a las importaciones de sesenta economías por «no combatir el trabajo forzoso».
Trump anunció en la víspera la medida en un nuevo intento de mantener su política comercial restrictiva ante la expiración del gravamen global del 10 %, que a su vez sustituía a los aranceles previos que se declararon ilegales por el Tribunal Supremo.
El bufete Liberty Justice Center, que ya jugó un papel clave para que el máximo tribunal estadounidense anulara los llamados «aranceles recíprocos», interpuso la demanda en nombre de dos minoristas, Burlap & Barrel y Collective Horology, en el Tribunal Internacional de Comercio.
A diferencia del anterior gravamen que expiró este viernes, impuesto como una medida temporal para hacer frente a problemas de balanza de pagos bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, los nuevos aranceles se sustentan en la Sección 301, que permite al presidente responder a prácticas comerciales extranjeras consideradas injustificadas o discriminatorias.
El argumento
La demanda sustenta que Washington «no puede preservar una política global arancelaria simplemente moviéndose de un estatuto a otro» y acusa al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, de «actuar arbitraria y caprichosamente» al imponer gravámenes «casi uniformes».
«El caso no cuestiona que los gobiernos deban combatir el trabajo forzoso. Lo que impugna es la autoridad del representante comercial de EE.UU. para imponer aranceles generalizados sin cumplir con las conclusiones específicas por país y los requisitos de reparación que exige la Sección 301″, indicó una nota de prensa.

La máxima ejecutiva del Liberty Justice Center, Sara Albrecht, denunció que el Gobierno de Trump «permitió expirar un arancel global e inmediatamente lo reemplazó con otro bajo un estatuto diferente», recordó que eso «no cambia la ley» y reivindicó el «respeto» de sus límites.
En concreto, Albrecht señala que Washington abrió investigaciones de trabajo forzoso contra las sesenta economías y las convirtió en un programa «generalmente estandarizado» sin especificar, una a una, sus alegaciones, cómo afectan a EE.UU., la viabilidad de la tarifa elegida, y cómo esta combatirá esas prácticas.
Las dos empresas, Burlap & Barrel, que se dedica a la venta de especias, y Collective Horology, a la venta de relojes, aseguraron que sus cadenas de suministro son transparentes y criticaron que los nuevos aranceles perjudican a negocios estadounidenses que son «responsables» como ellos.
La demanda reclama al tribunal que declare la nueva política ilegal, que impida su aplicación y preserve la capacidad de los denunciantes y otros que se puedan sumar a obtener indemnizaciones por sus importaciones afectadas, lo que incluiría el reembolso de los gravámenes más intereses.









