Madrid (EFE).- La inseguridad jurídica derivada de los impagos a las renovables, cuya deuda reconocida por los tribunales internacionales asciende a 2.333 millones de euros, ha supuesto un sobrecoste financiero de hasta 6.600 millones para el Tesoro español desde 2023, según un informe elaborado por empresas acreedoras.
El documento, difundido este viernes, detalla que España mantiene sin ejecutar 28 de las 29 resoluciones dictadas por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) y que la deuda reconocida en laudos firmes asciende a 2.333 millones de euros.
A esta cantidad hay que sumarle los sobrecostes legales y financieros acumulados de este proceso, que han alcanzado, según las empresas acreedoras, los 550 millones de euros, mientras que en enero de 2024 se situaban en 250 millones.
El sobrecoste de entre 6.000 y 6.600 millones de euros para el Tesoro se explica como resultado del encarecimiento de la financiación por un mayor perfil de riesgo, ya que se considera que el mercado ha incorporado este conflicto como un rasgo estructural conocido del riesgo soberano español.
Asimismo, las empresas acreedoras apuntan a una contracción acumulada de entre 9.100 y 10.400 millones de euros en el PIB español por el encarecimiento del crédito y la menor inversión extranjera derivada del clima de inseguridad jurídica.
Por otro lado, el informe recuerda que los acreedores han obtenido medidas de ejecución efectivas en Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Australia, Singapur y Estados Unidos.
Las empresas acreedoras concluyen que los 2.333 millones adeudados -menos del 0,15 % del PIB- representan una cifra aún asumible, pero que el daño total provocado por los impagos resulta varias veces superior a esa cantidad y sigue acumulándose cada trimestre que transcurre sin acuerdo.
Fondos de inversión y empresas internacionales
Los principales acreedores son fondos de inversión y empresas internacionales como Blasket Renewable Investments, Infracapital, Sevilla Beheer, DCM Energy y 9REN Holding, además de otros demandantes afectados por los recortes a las primas solares y eólicas que en su día ofreció el Gobierno español para incentivar las inversiones en instalaciones energéticas verdes.
Sin embargo, con la crisis económica de 2008 y el déficit de tarifa eléctrico, el Gobierno recortó y eliminó esas ayudas de forma retroactiva entre 2012 y 2014, y los inversores extranjeros demandaron a España en tribunales internacionales, donde ganaron casi todos los casos.
España se ha negado a pagar basándose en criterios de la Unión Europea que consideran que aquellas indemnizaciones rompían las reglas comunitarias.
