Madrid (EFE).- El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) se ha consolidado en el panorama internacional como un modelo pionero de protección frente a catástrofes naturales y eventos extraordinarios que otros países plantean imitar.
Esta entidad pública empresarial, adscrita al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, actúa como un amortiguador macroeconómico capaz de absorber siniestros multimillonarios sin depender del presupuesto estatal.
Mecanismo de financiación
El pilar de su funcionamiento es su mecanismo de financiación, ya que no recibe fondos de los presupuestos generales del Estado, sino que incrementa sus reservas mediante tasas aplicadas a las pólizas que ciudadanos y empresas contratan con las aseguradoras privadas.
Con un pequeño recargo fijado —como 2,10 euros anuales en turismos o un 0,07 por mil en viviendas—, el Consorcio acumula reservas para indemnizar al afectado que disponga de una póliza privada vigente.
Para garantizar su solvencia frente a eventos catastróficos, el organismo está dotado de un patrimonio propio y totalmente distinto al del Estado.
Además, para preservar y rentabilizar estas reservas sin comprometer su disponibilidad, invierte en activos inmobiliarios de máxima calidad destinados, sobre todo, al alquiler a clientes institucionales.
El origen de la entidad se remonta a 1941, tras la Guerra Civil, para amparar las pérdidas que el sector privado no podía asumir.
Tras resolver desastres como el incendio de Santander, el organismo se institucionalizó en 1954 y asumió competencias en el seguro agrario, responsabilidades medioambientales y la liquidación de aseguradoras insolventes.
En los últimos años la solidez del Consorcio quedó demostrada tras la erupción del volcán de La Palma en 2021, que supuso un desembolso de más de 230 millones de euros, y ante la dana de Valencia de 2024.
Las consecuencias de este fenómeno climático generaron 250.000 solicitudes de indemnización y un coste superior a 4.800 millones de euros, subsanado con unas reservas previas de 10.300 millones sin necesidad de elevar tarifas ni requerir rescates públicos.
¿Un modelo exportable al resto del mundo?
Esta capacidad de respuesta atrae el interés de la comunidad internacional ante la creciente brecha de protección climática.
Frente a esquemas como el francés (CCR), debilitado por tensiones financieras, o el estadounidense (NFIP), lastrado por el endeudamiento público, el caso español destaca por su equilibrio.
«La prudencia desaconseja presentar al CCS como un modelo de solución de seguros para otros países, tanto por respeto a ellos como por la convicción de que no es posible ‘exportar’ estas soluciones así sin más, por mucho éxito que hayan tenido», señalaba tiempo atrás Alfonso Nájera Ibáñez, subdirector de Estudios y Relaciones Internacionales del Consorcio.
De esta manera, la propia entidad descarta que su estructura sea exportable en bloque a otros países y aboga en su lugar por el intercambio de información técnica y la cooperación bilateral.
Imprescindible: alta penetración del seguro privado
Para que otro Estado pudiera adaptar el modelo español, los expertos señalan que es fundamental una alta penetración del seguro privado, indispensable para alcanzar una recaudación suficiente, así como un blindaje legal que garantice la autonomía del fondo frente al uso político o presupuestario, y un sector asegurador que asuma la logística de tramitación.
Además, existen límites legales europeos que restringen el trabajo del Consorcio fuera de España, como la imposibilidad de cerrar o liquidar compañías de seguros extranjeras, incluso si estas venden pólizas y operan en territorio nacional.
Por esta razón, su actividad internacional se limita a firmar acuerdos de cooperación y compartir información con otros países para ayudar a los asegurados residentes en España a tramitar sus quejas en el extranjero.
