Madrid (EFE).- El desahucio de Maricarmen en Madrid ha vuelto a poner el acento en el problema de vivienda que atraviesa España y la necesidad de llegar a acuerdos políticos para sacar adelante medidas que ayuden a resolver la crisis habitacional que sufren muchas personas en nuestro país.
El desahucio de esta mujer de 87 años de la vivienda ubicada en el madrileño barrio de El Retiro en la que llevaba viviendo 70 años y en el que tenía un contrato de renta antigua por el que pagaba 500 euros, ha llevado de nuevo el foco político y social a un problema que sigue sin respuesta y para el que aún no se ha podido alcanzar un acuerdo de Estado al respecto.
Sin acuerdo político ni pacto de Estado
También ha vuelto a evidenciar la distancia entre los dos socios de Gobierno, PSOE y Sumar, respecto a las recetas que hay que abordar y la urgencia a la hora de hacerlo.
El PSOE está centrado en sacar adelante el real decreto de vivienda que inicialmente quería aprobar en julio y que se pospuso hasta después del verano dada la falta de apoyos. Su objetivo es que este texto sea lo más amplio, ambicioso y transversal posible y que pueda tener el apoyo del Congreso de los Diputados. Para ello, trata de acercar posturas con Junts, que ha trasladado al Ejecutivo sus propuestas.
Mientras, Sumar pone fecha y pide que el decreto se apruebe en el próximo Consejo de Ministros del martes e incluya además la expropiación de la casa en la que vivía Maricarmen.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha replicado a Sumar y ha afirmado que a ver si toda la «movida» por el desahucio de Maricarmen sirve para que resuelvan su problema y «la izquierda a la izquierda del PSOE no vaya a las elecciones bajo 20 siglas».
El ministro y secretario general del PSOE-M, Óscar López, acusa por su parte a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de no haber hecho nada, y ha exigido al PP y a Vox en el Congreso que apoyen las medidas para evitar los desahucios.
Controversias entre ERC y Junts
Esta cuestión también ha despertado controversias entre los partidos catalanes Junts y ERC. De hecho, el diputado de Esquerra Gabriel Rufián ha acusado a la formación de Carles Puigdemont de intentar «chantajear» con el decreto de vivienda.
«Si Junts no quiere votarlo, que se retraten y que se sigan hundiendo en las encuestas para que jamás un partido al servicio de los buitres inmobiliarios tenga la influencia que esta gente tiene», ha añadido en clave política.
Desde Podemos, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha calificado de «asesinato» el desahucio de Maricarmen y ha acusado a PP y PSOE de «romper» España con una política de vivienda que está generando «una brecha de desigualdad insoportable».
Rueda apunta a dar más seguridad a propietarios
Desde el PP, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, señaló que el apoyo popular al decreto de vivienda que prepara el Gobierno pasa por medidas como el apoyo a la construcción de más viviendas y a dar más seguridad a los propietarios para que haya más pisos en alquiler.
El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha pedido al Gobierno y a todos los grupos responsabilidad, altura de miras y voluntad de alcanzar acuerdos en materia de vivienda y ha anunciado que apoyan cualquier medida que sirva para garantizar que Maricarmen pueda seguir en su casa.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha defendido que «hay que sacar a ‘gorrazos’ a los fondos buitre y a los fondos de inversión del mercado de la vivienda», ante lo que ha reiterado que «hay ser muy drásticos para evitar usos especulativos de la vivienda España».
En todo este contexto, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado este jueves a las administraciones y al resto de poderes públicos medidas urgentes para evitar los desahucios de personas vulnerables.
