Madrid (EFE).- El Gobierno ha mandado a los grupos el texto que recoge el decreto de prórroga automática de los alquileres, de 9 páginas, y que establece que cuando un arrendador no quiere prorrogar el contrato deberá indemnizar al inquilino con el importe equivalente a 12 mensualidades de renta de una similar.
Está previsto que este decreto, que contiene las demandas de Sumar y del Sindicato de Inquilinos, se publique mañana en el BOE. En cualquier caso, los dos decretos aprobados ayer en el Consejo de Ministros se llevarán el viernes al Congreso de los Diputados para su convalidación en una sesión extraordinaria.
No podá ser menos de un mes de renta por cada año
Esta indemnización se calculará conforme al sistema estatal de referencia de precios de alquiler de vivienda, y en ningún caso podrá ser inferior a una mensualidad de renta por año de residencia en la vivienda, según el borrador al que ha tenido acceso EFE.
Entienden que esta indemnización compensa al hogar por los costes que la extinción de un contrato cumplido le impone y por otro lado hace que la decisión de no prorrogar «internalice» el coste que traslada a la otra parte, de modo que responda a una necesidad real del arrendador y no a la mera expectativa de obtener una renta superior con un nuevo arrendatario.
La indemnización se abonará en el momento de la entrega de la vivienda y no procederá cuando la no prórroga responda a causa justificada: que el arrendador, siendo persona física, necesite la vivienda para sí o para sus familiares de segundo grado, con derecho del arrendatario a la indemnización si no llega a ocuparla en tres meses; que el arrendatario no habite de forma efectiva la vivienda arrendada; o que disponga de otra vivienda apta en el mismo municipio.
La medida se completa con reglas que garantizan la efectividad del nuevo régimen, como la duración mínima de las prórrogas convencionales acordadas tras una comunicación de no prórroga y la nulidad de las estipulaciones que empeoren las condiciones del contrato original, y mantiene las prórrogas extraordinarias por vulnerabilidad y en zonas de mercado residencial tensionado ya previstas en la Ley.
Para evitar su superposición con otras prórrogas extraordinarias, se precisa que no son acumulables y que la prórroga en zonas de mercado residencial tensionado se aplica con carácter preferente.
Defiende que no restringe la oferta de alquiler
El texto considera que esta medida de prórroga automática no restringe la oferta de vivienda en alquiler ni altera el equilibrio de las prestaciones del contrato ya que el propietario mantiene la libertad de no prorrogarlo con el único deber de compensar al inquilino.
También defiende que la medida no afecta al derecho de propiedad ni a la libertad de empresa.
La aplicación del nuevo régimen a los contratos vigentes se proyecta solo sobre los vencimientos posteriores a su entrada en vigor y se acompaña de un régimen transitorio.
Las comunicaciones de no renovación ya efectuadas conservan su eficacia y no dan lugar a indemnización, tampoco cuando el contrato se prorrogue de forma extraordinaria, y en los contratos que venzan en los seis meses siguientes el arrendador puede seguir preavisando con cuatro meses de antelación.
Fuerte tensión entre oferta y demanda
El decreto subraya que en mercado en el que el alquiler se ha convertido en la forma de acceso a la vivienda de una parte creciente de la población, y de manera muy especial de los hogares jóvenes y de los de menor renta, ese mandato exige que el contrato de arrendamiento de vivienda ofrezca un marco temporal estable, previsible y equilibrado para ambas partes.
En un contexto de fuerte tensión entre oferta y demanda, el vencimiento del contrato, dice el texto, se ha convertido en el principal mecanismo de traslación de las subidas de precios a los hogares.
«La experiencia comparada muestra que la estabilidad del vínculo arrendaticio no es incompatible con un mercado de alquiler amplio y dinámico, sino una de sus condiciones: reduce la rotación, los periodos de desocupación y los costes de transacción, y permite a las familias planificar su vida sobre una base cierta», agrega.
Los propietarios de viviendas piden retirar los decretos
La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) ha pedido este miércoles que se retiren los reales decretos sobre vivienda aprobados ayer y que la reforma del mercado del alquiler se haga «de forma coordinada con las comunidades autónomas», que tienen competencia en vivienda.
En un comunicado, Asval demanda que se haga «un trabajo técnico que evalúe el efecto real de cada medida» y que busque «amplios consensos políticos y sociales que den estabilidad a la regulación del alquiler».
Para Asval, los decretos aprobados ayer -que el viernes llegarán al Congreso- trasladan a los propietarios una responsabilidad que corresponde a las administraciones públicas.
«El escudo social no puede ser el propietario. Un fallo del Estado, que ha sido incapaz de dar un hogar a las familias más vulnerables que lo necesitan, no puede descansar sobre el pequeño propietario particular», denuncia la asociación.
Asval advierte de que los decretos «van a destruir la oferta, asfixiar al pequeño ahorrador y dejar fuera del mercado precisamente a quienes dicen proteger».
