Madrid (EFE).- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha instado este viernes a dos plataformas que ofrecen viviendas de uso turístico a que retiren 8.318 anuncios que ofertan como alquiler de temporada por incumplir la Ley de Arrendamientos Urbanos, modificada recientemente.
Según ha explicado en rueda de prensa el ministro, Pablo Bustinduy, la Dirección General de Consumo ha considerado que los citados anuncios son ilícitos, porque se publicitan en estas plataformas como de temporada, pese a que estarían permitiendo reservas con una duración inferior a 31 días, el plazo mínimo que establece la ley para este tipo de contratos.
Según ha explicado el Ministerio en una nota, anunciar estos alojamientos como de temporada supone una comunicación comercial «desleal» y «engañosa», por lo que ha exigido a ambas plataformas a retirarlos a través de los mecanismos de notificación previstos en el Reglamento de Servicios Digitales.
Una vez informadas, estas plataformas pasarían a tener responsabilidad directa sobre los potenciales ilícitos comunicados según establece la normativa europea, y, si no los retiran o bloquean su acceso, podrían enfrentarse a la apertura de un expediente por parte de Consumo, se explica en la nota.
La mayoría de estos anuncios que estarían incumpliendo la ley
La mayoría de estos anuncios que estarían incumpliendo la ley, 6.772 en total, son alojamientos situados en la Comunidad de Madrid, de los que 6.523 están en la ciudad de Madrid.
Este nuevo requerimiento por parte de Consumo se une a otras actuaciones del Ministerio para poner fin a las prácticas ilegales en materia de vivienda, como la multa de 64 millones de euros impuesta a la plataforma Airbnb por ofertar miles de alojamientos turísticos que incumplían la normativa, que supuso la retirada de más 65.000 anuncios.
También la plataforma Booking tuvo que retirar más de 4.000 anuncios que no se ajustaban a la ley tras un requerimiento oficial de Consumo, se recuerda en el comunicado.
Por otra parte, el Ministerio impuso una sanción de 3,6 millones a la inmobiliaria Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra sus inquilinos e identificó seis infracciones «muy graves» y una «grave» por vulnerar los derechos de los consumidores y aprovechar su posición de predominio de mercado.
Consumo mantiene abierto un expediente a otra gran inmobiliaria que también alquila miles de inmuebles en España, según la nota.
Casi el 80 % de los anuncios ilícitos están en la ciudad de Madrid
Bustinduy ha destacado en su comparecencia que casi el 80 % de los anuncios ilícitos están en la ciudad de Madrid y ha vuelto a pedir que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, «cumpla con su responsabilidad y cierre los pisos turísticos ilegales».
A ese respecto, ha recordado que hace un año su departamento remitió al Ayuntamiento de la capital un listado con más de 15.000 viviendas turísticas ilegales «para que las cerrara», sin que el Gobierno municipal haya «hecho absolutamente nada».
El ministro también ha dicho que espera una «total colaboración» de las plataformas reconvenidas y una «pronta reacción para que esos anuncios desaparezcan de forma inmediata».
Preguntado por cuándo llevará el Gobierno a la Diputación Permanente del Congreso para su convalidación los decretos de vivienda que aprobó el pasado 6 de octubre, ha asegurado que «no se ha comunicado ni decidido todavía», y ha apuntado que tiene «curiosidad por saber qué van a hacer los grupos políticos en esa votación».
En especial se ha preguntado «si el PP va a seguir votando en contra y con qué argumento a una norma que va a permitir prorrogar los contratos de alquiler a cinco millones de personas, congelar los alquileres al cero por ciento, proteger de los desahucios a mucha gente sin alternativa habitacional».
«Aunque -ha añadido- hay que ir mucho más allá y actuar para poner orden, por fin, en la ley de la jungla en la que los buitres inmobiliarios han convertido el mercado delos pisos turísticos y de temporada», ha concluido.
