Madrid (EFE).- La Agencia Española de Seguridad Ferroviaria (AESF) tendrá mayor capacidad de supervisión del sistema del ferrocarril, que hasta ahora dependía de la buena voluntad de las empresas investigadas, gracias a la habilitación que establece el real decreto que este miércoles debate la Diputación Permanente del Congreso.
El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía y de Transportes, Carlos Cuerpo, ha defendido ante la Diputación Permanente la norma aprobada la semana pasada por el Consejo de Ministros, que incluye también una regulación más estricta de los tiempos de trabajo de los maquinistas.
La AESF tendrá garantizado el acceso a todas las instalaciones de circulación y control del tráfico ferroviario, además de al material rodante, funciones en la que hasta ahora dependía de la buena voluntad entre los agentes. «La seguridad no puede depender del voluntarismo», ha dicho Cuerpo.
Tiempo máximo de conducción
El real decreto fija con precisión el tiempo máximo de conducción, seis horas, en las que se incluye todo el tiempo en el que el trabajador es responsable del vehículo aunque no esté conduciendo (maniobras en movimiento, trabajos fuera de la red de interés general y pausas de menos de 45 minutos entre dos conducciones).
Cuando haya conducción por parejas (por ejemplo para hacer al tiempo maniobras de reconocimiento de la vía) el tiempo de conducción computará igual para ambos.

Hasta ahora el tiempo máximo de conducción continuada eran seis horas, con pausas de al menos 45 minutos, pero era cada vez más habitual, según ha explicado el vicepresidente, que se encadenaran varios servicios en el mismo día, con periodos intermedios de menos de 45 minutos.
La norma impulsa el principio de «cultura justa» en el sistema ferroviario, para promover un entorno de confianza en el que los trabajadores pueden comunicar errores o riesgos sin temor a represalias injustificadas para que se pueda hacer una gestión «eficaz» de los riesgos.
En este ámbito, ha dicho Cuerpo, «no partimos de cero» porque en aviación civil estos principios llevan tiempo aplicándose y se trasladarán al modo ferroviario para que el personal pueda comunicar riesgos con garantía de confidencialidad.
Además, ante un riesgo inminente, el personal de conducción podrá detener la marcha o tomar decisiones para proteger la seguridad sin riesgo de ser sancionado.
El decreto extiende los coeficientes reductores para poder jubilarse anticipadamente sin penalización, que actualmente se aplican a los maquinistas de Renfe, para a todos los trabajadores de la red de interés general, es decir, a los de otras empresas (las de alta velocidad y las de mercancías).
El PP cree que las medidas no van a la raíz del problema
La diputada del PP Macarena Montesinos ha reprochado al Gobierno que haya «tenido ocho años para reforzar la seguridad ferroviaria» y que las medidas que contiene el decreto «están bien pero son solo una parte de las prometidas y no van a la raíz del problema».
El socialista Manuel Arribas le ha replicado que las decisiones que tomó el PP cuando gobernaba «tienen consecuencias que se prolongan muchos años».
El diputado de Vox José María Sánchez ha criticado la falta de inversión en la red ferroviaria en comparación con la alta recaudación de Hacienda.
En representación de Sumar, Tesh Sidi ha dicho que ojalá que este decreto inicie la «senda de poner el sector ferroviario, sus trabajadores y las necesidades de los ciudadanos en el centro».
Josep Maria Cruset, de Junts, ha aprovechado su intervención para denunciar el «abuso» del Gobierno en la utilización de los decretos ley y su convalidación en la Diputación Permanente.
La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha incidido en la necesidad de «reorientar el sistema hacia las necesidades de la ciudadanía» y de «corregir el rumbo» de un sistema que ha sobredimensionado la alta velocidad, en detrimento de Cercanías.
En nombre del PNV, Mikel Legarda, ha explicado que su grupo apoya el decreto «porque la seguridad no admite demoras», tras acusar al Ejecutivo de haber «necesitado varios accidentes para hacer algo que debería haberse hecho en 2020».
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al Gobierno de «poner el negocio por delante de la seguridad de la gente».










